La crisis en Salud es una realidad.  Así al menos lo perciben los trabajadores del área, quienes se manifiestan en contra de las políticas sectoriales que no defienden el fortalecimiento del sistema existente, por el contrario, tratan de profundizar su crisis.

En conversación con Semáforo, el Presidente de la Confusam, Esteban Maturana, se mostró contrario a un aumento de presupuesto para el sector. En su opinión, de nada sirve entregar más recursos, si estos no tienen por destino, el fortalecimiento y mejora de los hospitales y centros de salud existentes.

Por ello, dijo que “Hacer esa inversión gigantesca no tiene asidero si no se tiene capacidad de operarla. Es mejor empezar a hacer funcionar lo que ya tenemos”. En ese sentido, calificó de acto electoralista, la propuesta de construcción de los sesenta nuevos recintos de salud comprometidos por el Gobierno.

En materia de recursos, además, señaló que en 2015 no se ejecutaron todos los recursos asignados para la cartera. Por lo tanto, la pregunta sería por qué no se pudo concretar el gasto de esas asignaciones. En ese sentido, culpó a “la trama burocrática que existe en el país para poder hacer inversiones en infraestructura sanitaria. Además, que las empresas constructoras están incrementando los precios para la construcción, porque se les afilaron los dientes a las empresas y dijeron que era el momento de hacer la América con recursos fiscales y se coludieron para subir los precios”.

En la misma línea lamentó la acusación constitucional contra la ministra Carmen Castillo, porque el problema no es de ella, sino de la reducción sistemática de los presupuestos asignados para el sector, desmantelamiento que se inició desde la Dictadura.

Esteban Maturana, además, insistió que el problema del sistema es no trabajar en la prevención, y seguir centrándose en la lógica asistencialista.

Al finalizar, el representante de los trabajadores de la salud municipal, insistió en la molestia de su sector con la política de concesiones hospitalarias, las que son entendidas como una continuidad de las políticas impulsadas por la Dictadura y que solo desfavorecen el sistema público en general.