Este martes el Movimiento por la defensa del Agua, Protección a la Tierra y Respeto al Medio Ambiente (Modatima) presentó una denuncia por usurpación de agua en el sector de Petorca, V Región.
La acusación fue emitida ante el Ministerio Público y tiene por objetivo esclarecer los usos de agua de cinco empresarios de la región: Ignacio Álamos, dueño de Agrícola San Antonio, Sociedad Agrícola Viento Norte y Sociedad Agrícola del Silencio; Eduardo Cerda García, dueño de la Sociedad Agrícola Pililen; Osvaldo Junemann, dueño de la sociedad Agrícola Los Graneros; Edmundo Pérez Yoma, dueño de la Sociedad Agrícola Cóndor; y Juan Ruiz Tagle, dueño de la sociedad Agrícola Huingal y Sociedad Agrícola Los Ángeles.
La denuncia tiene sus orígenes en los datos entregados los la Dirección General de Aguas (DGA), ya que según Modatima los derechos de agua no se condicen con la cantidad de hectáreas que tiene cada uno de los acusados.
Rodrigo Román abogado de la Defensoría Popular señaló que de comprobarse esta situación, los acusados estarían infringiendo los Artículos 459, 460 y 461 del Código Penal: “Todos tienen una superficie plantada muy superior a la que pudiesen, de acuerdo a los derechos de agua, constituir. Un ejemplo es Pérez Yoma, porque él tiene 500 hectáreas plantadas y sus derechos de agua sólo le permitirían tener 100”,.
El jurista agregó que “éste es el epicentro nacional del robo de agua, porque aquí hay un desarrollo importante de la industria de la palta, lo que significa que en la comuna de Petorca 12 mil habitantes, 8 mil no tienen agua y se les subministra a través de camiones aljibes una vez por semana”.
En tanto, Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, recordó que Petorca es una de las comunas del país que ha sido considerada como zona de emergencia hídrica y que desde 1997 el Río Petorca no tiene agua. Además, comentó que “el Río Ligua se encuentra declarado agotado desde 2004, sin embargo, la DGA continuó concediendo derechos de aprovechamiento de agua estando los ríos secos”.
“En materia de sobre asignación de derechos de aprovechamiento de agua en las cuencas de los Ríos Ligua y Petorca, la DGA tiene una responsabilidad directa. Es un organismo que carece de facultades, carece de competencias y para decirlo con todo rigor, nosotros creemos que la DGA es responsable del modelo de lucro, usura y exclusión que existe en nuestra provincia, pero también desde Arica a Parinacota, hasta Magallanes”, recalcó el dirigente.
Mundaca indicó que estas no son las únicas situaciones irregulares que existen en el sector y que entregarán toda la información necesaria a la Fiscalía para determinar las responsabilidades de la entrega ilegal de derechos de agua.
Sin embargo, desde la Defensoría Popular señalaron que el delito de usurpación de agua en Chile tiene una pena menor, que consiste en una reclusión que va desde los 61 días a 540 días de cárcel.
