Apuntando a la inacción, al poco compromiso de las autoridades e incluso con “ultimatums”, el gremio de dueños de camiones exigía a la Presidenta viajar a La Araucanía, llamado al que se sumó también la Agrupación de Alcaldes Mapuche, invitando a la Mandataria a “dialogar sin amenazas”.

En ese escenario, el Gobierno confirmó que Michelle Bachelet viajaría a la zona en enero.

Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), valoró el gesto, porque –dijo- solo así se puede “hacer cargo de un problema más que centenario”.

A eso se sumaron los parceleros como Juan de Dios Fuentes, el mismo que declaró que el Convenio 169 era una de las normas más deleznables que ha suscrito el Estado chileno- quien afirmó que esperan que la Presidenta vaya “con el conocimiento cierto de lo que está ocurriendo, no con la idea de que está enfrentando delitos comunes, porque si efectivamente piensa así, mejor que se quede en La Moneda”.

Desde el Gobierno aseguran que han trabajado en la solución del problema. Para la ministra vocera (s) Javiera Blanco, se han realizado gestiones con gremios particulares, como los camioneros. Asimismo, la titular de Trabajo recordó que como autoridad pondrán a disposición de la causa todas las herramientas y coordinaciones necesarias para asegurar la tranquilidad y la seguridad de las personas.

En tanto, desde las comunidades mapuche mostraron su desconfianza sobre las reales intenciones de la Mandataria en su visita a La Araucanía.  Para el werkén de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, el que la Presidenta todavía no visite el lugar es una muestra de su desinterés en el tema mapuche y en sus soluciones: “Ahora viene por una exigencia clara del poder económico en la zona, pero nosotros los mapuche no estamos esperanzados en que venga a reunirse con nosotros para tratar el tema de tierras. Ese asunto está lejos de su agenda, lejos de su programa de gobierno”.

Por su parte, el Congreso aprobó, por 74 votos a favor y una abstención, la creación Comisión Investigadora sobre la violencia en La Araucanía, la que citará a las policías, los fiscales y Agencia Nacional de Inteligencia.

Una de las solicitudes en las que trabajará es revisar la ley indígena y los mecanismos de asignación de tierras, instrumentos cuestionados por los propios trabajadores de Conadi, porque, tal como indicó Sandra Marín, presidenta de los funcionarios del organismo, “aquí hay una deuda histórica que está demandada por las comunidades, en particular por las comunidades mapuche. También hay una pobreza donde el deterioro de los terrenos lleva a pedir una ampliación de las tierras”.

Todo esto mientras el Gobierno prepara el ingreso de la ley que crea el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas y su respectivo Consejo y que, según adelantó el propio titular de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se presentaría muy pronto.