La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección y ordenó al Instituto de Derechos Humanos (INDH)  entregar los antecedentes solicitados a la parte recurrente sobre la calificación de una víctima reconocida por la denominada “Comisión Valech I”.

En fallo unánime  la Novena Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada por Fabiola Esmeralda Valenzuela Valladares, en contra de la decisión del organismo de DD.HH. que le denegó acceso a los antecedentes de calificación de Rosaura Valladares Yáñez, madre de la recurrente.

La resolución del poder judicial dice que “la información solicitada no se encuentra cubierta por la reserva legal, debido a que expresamente la norma exceptúa a los titulares de dichos antecedentes”.

Se trata del caso de una persona que busca reconstruir su propia historia. La recurrente es hija de una víctima de violaciones de DD.HH., cuya madre quedó embarazada producto de las vejaciones durante Dictadura.

El abogado de la recurrente, Álvaro Aburto, explicó que esto se trata de una excepción al secreto, de la cual da cuenta la historia de la discusión parlamentaria de dicha normativa, ya que las políticas de reparación determinan que las víctimas son los titulares de esta información y la reserva sobre el contenido son para la defensa de su honra, y no puede servir a favor de los victimarios.

El abogado llamó a otras víctimas de las vejaciones aseguró que este recurso puede ser apelado por Instituto de Derechos Humanos, tienen plazo, pero hay confianza en que no lo harán, ya que han manifestado en la necesidad de levantar la reserva sobre los archivos de las comisiones de reparación.

La directora del organismo, Lorena Fríes, señaló que el organismo no va a apelar, asegurando que durante el proceso reiteraron su postura de avanzar en verdad, justicia y reparación, y un proyecto de ley que levante el secreto.

“Estamos en línea con lo que ha decidido el tribunal”, señaló la abogada, agregando que lo que queda por esperar es que el Ejecutivo viabilice alguna iniciativa, para lo cual ya hay recomendaciones hechas.

La iniciativa judicial va en la línea de lo que plantearon hace algunos meses un grupo de ex presos políticos: un resquicio en el texto de la ley 19.992 que plantea el secreto de los archivos “sin prejuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer a terceros por voluntad propia”.