Una serie de errores y omisiones detectaron las agrupaciones de Aysén en la documentación que presentó la empresa Energía Austral – compañía a cargo de la Represa Río Cuervo-  ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Según el Consejo de Defensa de la Patagonia, hace una semana la Corporación Nacional Indígena (Conadi) reveló mediante un oficio que no se le solicitó a la empresa una consulta indígena sobre la construcción de una marina recreativa en Bahía Acantilada.

De acuerdo al Consejo de la Defensa de la Patagonia, la situación es grave ya que dicha construcción afecta directamente a la Comunidad Guaquel Marimán.

En este sentido, Hugo Díaz, presidente de la agrupación Wallmapu de Puerto Aysén, señaló que esta no es la única falta que ha cometido la empresa Energía Austral, porque en su informe de impacto ambiental  tampoco “incluyó el tendido de alta tensión y la información de un camino de acceso al sector de las represas”.

Díaz denunció que “esta es la forma en que la empresa burla la ley y es la forma en que el Gobierno favorece a estas compañías”.

La omisión respecto de las comunidades indígenas es grave ya que vulnera el Convenio 169 de la OIT  así como también, la normativa del SEA.

De acuerdo a ello, Díaz indicó que presentarán los antecedentes ante el Comité de Ministros para que la empresa aclare la documentación presentada: “Esto debería ocurrir entre enero y febrero de 2016. Si  el Comité no se pronunciara recurriremos a los tribunales ambientales de Valdivia o de Santiago. También están otras instancias como los tribunales de justicia o la misma corte suprema, que es la que termina resolviendo estos conflictos ambientales”.

El proyecto de la Represa busca instalarse a 45 kilómetros al noroeste de Puerto Aysén, en el nacimiento del río Cuervo, área donde también se localizan los lagos Yulton y Meullín.

Según la empresa, la construcción de la central no afectará a los parques nacionales de la zona, así como tampoco vulnerará los asentamientos indígenas del lugar.

Sin embargo, desde la región han sido categóricos en rechazar su construcción: “El proyecto estuvo mal formulado desde un principio. No es un acto que sólo podríamos clasificar de arbitrario, sino que vulnera la ley”, concluyó Díaz.