El Fiscal Carlos Gajardo fue el encargado de exponer en nombre del Ministerio Público, respecto del juicio abreviado que derivó en una condena de tres años de pena remitida en contra de Jovino Novoa, en el marco del Caso Penta y que fue impugnada por la Fundación Ciudadano Inteligente.

Desde que se conoció la condena contra Novoa, Ciudadano Inteligente criticó la manera en que el Ministerio Público manejó el caso y el acuerdo logrado con el político, que significó no llegar a un juicio oral y una rebaja en la pena.

De hecho, sus abogados representantes han dicho en reiteradas ocasiones que en este caso no se respetó el principio de “igualdad ante la ley” e incluso que hubo motivaciones personales del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, por sacar adelante una condena antes de que abandonara el cargo.

El abogado Mauricio Daza, reiteró parte de los planteamientos que fundamentan la presentación de este recurso, “No consideramos que haya una colaboración sustancial, no fue capaz de reconocer la totalidad de los hechos por los cuales fue formalizado. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se respete el principio de igualdad ante la ley, ningún otro ciudadano, en la situación de Jovino Novoa, con los antecedentes que existían en su contra, habría podido acceder a este tipo de trato”, argumentó.

Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo insistió ante los jueces de la Corte de Apelaciones, en que el acuerdo alcanzado con la defensa del ex senador de la UDI se fundó sobre la base del principio de la objetividad, “no estamos para darnos gustos personales, no se trata de solicitar una pena mayor o menor, nos rige el principio de objetividad”, señaló.

Recordemos que este fin de semana el Tribunal Supremo de la UDI decidió no sancionar a Jovino Novoa debido a que no hubo reconocimiento de la existencia de delito de su parte ni enriquecimiento personal, hecho que fue fustigado por la parte querellante.

Desde Chile Vamos, el presidente de RN, Cristián Monckeberg, dijo respetar la decisión de sus compañeros coalición: “Yo no comparto que se diga que todos están metidos en este baile porque no es así, lo que hemos hecho al interior de la coalición es fijar una regla clara de cómo enfrentaremos este tema en las elecciones municipales”, añadió.

A la condena de tres años de pena remitida se agregó una multa del 50 por ciento del perjuicio fiscal -que llegó a 15 millones de pesos- y cinco Unidades Tributarias Anuales. Toda sentencia monetaria podrá cancelarla en diez cuotas con vencimiento los días cinco de cada mes.

Por otro lado, el ex senador no deberá pagar las costas de este procedimiento abreviado.