La novedad no está en el nuevo caso de colusión que se destapa, sino en que se trata ahora de las tres poderosas cadenas de supermercados donde usted, yo y casi todos debemos comprar nuestros productos de consumo más habitual. La Fiscalía Nacional Económica acusa esta vez a Cencosud, Walmart y SMU, y a la enorme cadena de tiendas que controlan, de haber violado ese “sacrosanto” principio de la libre competencia para fijar los precios mínimos de un producto tan esencial como la carne de pollo que, a juicio del Ministro de Economía, es la principal fuente proteica de nuestra población. Una colusión que se extendió por varios años y le arrojó ganancias millonarias a otro grupo de inescrupulosos empresarios y ejecutivos, beneficios, por cierto, mucho más altos que las gruesas multas que ahora pudieran ser aplicadas a estas empresas, si es que prosperan los juicios correspondientes. Procesos que, en todo caso, no llevarán a la cárcel a los infractores,  gracias a aquella iniciativa del ex presidente Lagos y del Congreso de la época de suprimir las penas de cárcel a los que se coludan. Mucho menos todavía que estos supermercados puedan ser intervenidos, así como expropiados los negocios y bienes de estos forajidos que vienen asaltando sistemáticamente el bolsillo de todos los consumidores de nuestro país y también de los extranjeros allí donde también han extendido sus tentáculos.

Primero, los coludidos fueron los productores de pollos;  luego, las cadenas de venta de los mismos, en la fundada sospecha que otra gran cantidad de productos comercializados por los supermercados también tengan precios artificialmente elevados y convenidos  para evitar la competencia. Como digo, el sacrosanto principio de esa “libre competencia” ideológicamente falsa,  si vamos haciendo memoria de todas las colusiones que hemos estado descubriendo en estos años de posdictadura al abrigo de una legislación blanda, cuanto de la postración de nuestro Estado y de la política ante los antivalores del neoliberalismo. Gracias a la complicidad, hay que decirlo, de nuestros gobernantes y legisladores con las grandes empresas que financian a sus partidos políticos sus elecciones y reelecciones tan constantes.

Lo propio de un pueblo altivo y digno sería que la indignación a que nos instó a expresar anoche el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se derivara hoy en un boicot a todos los supermercados, en el asalto popular de los mismos y la recuperación de toda suerte de productos para resarcirse mínimamente de todo lo que nos han robado. Así debiéramos encarar la “sinvergüenzura” definida por este secretario de estado,  en la imposibilidad de que la ley y los tribunales puedan devolvernos lo defraudado, como ha sucedido y sigue sucediendo con la colusión de las farmacias y tantas otras empresas dentro de una economía que NO es libre no competitiva; dentro de una democracia en que NO existe una genuina y satisfactoria soberanía popular y la impunidad decretada por la Dictadura es acentuada después por los gobiernos venideros, especialmente el del “socialista” Ricardo Lagos Escobar que, ¡Dios nos libre!, pretende regresar a La Moneda en brazos, seguramente, de una abultada caja electoral que las mismas empresas coludidas podrían consolidarle por tan buenos servicios prestados por éste al modelo económico y a la  desfachatez de los más poderosos empresarios del país.

En otras naciones no sería extraño observar frente a un descubrimiento así que los consumidores salieran a apedrear los supermercados y a hacerse justicia con sus propias manos,  cuando ya sabemos que los tribunales, si llegaran a hacernos justicia, ésta será muy tarde y nunca podrá reparar el daño ya causado a los millones de chilenos.

En otros países no solo las autoridades de gobierno estaría hoy demandando al parlamento para reponer las penas de cárcel a los empresarios que se coluden, defraudan al fisco y estafan a los consumidores, sino probablemente estarían promoviendo acciones para encarcelar a los políticos que legislaron en su favor, marginándolos de sus partidos y prohibiéndoles de por vida ejercer cargos públicos. Pero NO, los señores Lagos y Piñera buscan reelegirse y ahí siguen el plena actividad parlamentaria los diputados y senadores que recibieron coimas de las empresas pesqueras, así como ilícitas contribuciones de los bancos más codiciosos, de las papeleras también coludidas. Así como siguen impunes los que por años recibieron aportes de uno de los más repugnantes personajes del país, como Julio Ponce Lerou, el yerno del Tirano, su agente en la Araucanía y que, por sus servicios prestados a la represión,  recibiera en pago una de nuestra principales industrias mineras, como Soquimich. Situación ampliada y consolidada por los gobiernos de la Concertación gracias a lo cual incrementara enormemente su fortuna personal en las últimas décadas.

En una democracia digna y verdadera,  los señores Paulmann,  Ibañez y sus cadenas de gerentes ya estarían al menos, ¡muy al menos!,  bajo arresto domiciliario,  y sus grandes negocios en manos de interventores que contribuyan a la acción rápida de la justicia;  que les impidan eliminar las pruebas de sus fechorías y, con la colaboración de todo el personal mal remunerado y humillado de estos supermercados, descubrir el otro cúmulo de acciones ocultas, todavía, para convenir los precios de la gran gama de productos comercializados en estos templos de un sistema económico que se derrumba en el descrédito público. Que se pudre y desbarata especialmente por la corrupción de sus agentes, falsos e hipócritas emprendedores, como de sus serviles representantes  en La Moneda, el Parlamento y, por supuesto, en los tribunales de justicia. Digo bien: “justicia”, aunque el nuevo presidente de la Corte Suprema, asumido ayer, nos diga en sus primeras declaraciones que bajo el ámbito de los tribunales “no hay jueces o ministros que sean corruptos o que tengan una mala costumbre…”   Primeras palabras que, sin duda, nos señalan el agudo sentido del  humor del nuevo Primer Magistrado. A quien, de todas maneras, le damos nuestra calurosa bienvenida a su alto cargo, celebrando su loable propósito de “acercar la justicia a la gente” e investigar y sancionar a quienes en la política han recibido financiamiento ilegal.

A ver si, al mismo tiempo que se le otorga la nacionalidad póstuma a un gran empresario y filántropo extranjero como Douglas Tompkins, algún parlamentario de la República toma hoy la iniciativa de proponer que a un jumbo especulador como Horst Paulmann se le cancele la nacionalidad por gracia que se le otorgara hace unos años, sin más mérito que su voracidad y astucia para convertirse en multimillonario y estafar a sus millones y obligasdos clientes de todo el país.