Organizaciones ambientales y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G (Andess) han insistido en la necesidad de una reforma al Código de Aguas y con ello, que se priorice el consumo humano, se realice una gestión integrada de recursos hídricos por cuenca y se establezca la obligatoriedad de registro público del derecho de aprovechamiento de aguas en la Dirección General de Aguas (DGA).

En entrevista exclusiva con Radio Universidad de Chile, el director de la DGA, Carlos Estévez, reconoció que a nivel jurídico el agua se define como un bien nacional de uso público, no obstante, en la práctica no se garantiza el consumo humano. En consecuencia, Estévez indicó que el proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional hace cambios al respecto.

“Permitir al Estado obtener información del control de extracciones, poder fiscalizar, promover el uso efectivo del recurso y poder sancionar a quien no hace un uso efectivo del recurso o el acaparamiento, la tenencia especulativa de los derechos”.

Carlos Estévez
Director DGA

Consultado sobre las denuncias de acaparamiento de agua en Petorca, Región de Valparaíso, el dirigente de la DGA expuso que el 42 por ciento de los derechos que se han entregado en La Ligua y Petorca no han sido entregados por el organismo público.

“Conocemos casos de regularizaciones de derechos que los otorgan los tribunales contra la opinión muchas veces de la DGA y sucede que tenemos este sobre otorgamiento (de derechos). Entonces, hay sobre otorgamiento sí, pero la DGA no lo ha hecho”.

En ese sentido, Carlos Estévez, afirmó que en la reforma al Código de Aguas está contemplado que se elimine el que las regularizaciones de derechos sean decididas por organismos que no son especializados en aguas, pasando a ser un procedimiento administrativo que se resuelve exclusivamente por la DGA.

Asimismo, una norma permite en circunstancias excepcionales al Presidente de la República otorgar derechos de agua incluso contra disponibilidad, en otras palabras, la propuesta de ley permitiría en Petorca cuando no hay disponibilidad de agua, que el Estado la provea.

Ley de Glaciares

El proyecto de Ley de Protección de Glaciares que está también en primer trámite constitucional en la Cámara Baja, ha sido cuestionado por ambientalistas que incluso han llamado al Ejecutivo a presentar un nuevo texto legal.

Al respecto, el director de la DGA, defendió que lo que no se ha declarado “reserva estratégica glaciar” puede ser objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental y además con la iniciativa, el 84 por ciento de la superficie glaciar nunca será tocada.

“El 16 por ciento restante requiere de estudios, pero el temor que hay es que se demorarán tanto y no conseguirán los recursos para hacer los estudios, y en consecuencia, los glaciares quedarán desprotegidos. Entonces se planteó al revés, mientras no se hayan hecho los estudios, todos los glaciares se presumen protegidos. Eso es lo potente de la ley”.

En definitiva, Estévez opinó que el proyecto como se ha ido votando hasta ahora ha sido una síntesis de posiciones distintas y que si se discrepa con el proyecto original se pueden seguir presentando indicaciones.