Este sábado se realizó un abrazo simbólico en el Archivo Nacional de la Memoria, como una forma de protesta ante la posible intervención del gobierno de Mauricio Macri y que denunció Horacio Pietragalla, ex diputado y presidente de la entidad, encargada de custodiar valiosa información sobre violaciones a los Derechos Humanos.

Esto, a pocos días de que una comisión bicameral del Parlamento comenzará a investigar la responsabilidad económica y empresarial que se vivió en Argentina entre 1976 y 1983.

Pietragalla es hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, y es también uno de los 119 nietos recuperados, colaborador de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y secretario en materia de Derechos Humanos de la agrupación juvenil política La Cámpora.

El dirigente denunció que el actual secretario de Derechos Humanos del nuevo gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj, sostuvo ante diversas organizaciones que no permitiría el habitual proceso de negociación entre el gobierno y la sociedad civil para la designación del presidente del Archivo Nacional de la Memoria, argumentando que “se trata de temas del Ejecutivo”.

Por lo mismo, afirmó que se está discriminando a los kirchneristas, pese al rol de estos gobiernos de acompañar a las organizaciones y trabajar una política en la materia, esfuerzo que destacó en la región, ya que logró poner fin a la impunidad en el país trasandino, con episodios tan emblemáticos como el llamado “Juicio a la Junta”.

Para Pietragallo los macristas ven con malos ojos la presencia del kirchnerismo en el tema de Derechos Humanos y, en general, su presencia en la administración: “Dicen que quieren despolitizar las políticas de Derechos Humanos y están haciendo una persecución a todas las personas que son kirchneristas, en todos los lugares donde desembarcaron sus directores, sus secretarios, y están interrogando al personal, preguntándole dónde votaron, por quién, haciéndoles abrir el Facebook delante de ellos para verlo. Hoy existe una persecución política a los empleados públicos y casi más de diez mil despidos en las distintas dependencias de la administración, a menos de un mes que asumió este gobierno”.

El Presidente del Archivo añadió que “están llevando la situación a un nivel del que no hay conocimientos en un gobierno democrático. Están avasallando a las instituciones y haciendo las cosas de forma ilegal”.

En ese sentido, Pietragalla espera que el Ejecutivo siga con su tendencia de dictar decretos y que en los próximos días aparezca una norma que designe a un nuevo presidente, interviniendo así en su mandato, el que debiera extenderse hasta diciembre del 2019.

Cabe recordar que el Archivo Nacional de la Memoria se ubica en el predio de lo que fue la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de detención y tortura durante la última dictadura argentina, y se creó en 2003, durante la gestión de Néstor Kirchner.

Es un ente desconcentrado que depende administrativa y económicamente del Estado, en específico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que cuenta con archivos personales que fueron cedidos por los familiares, así como información judicial de procesos y otros documentos, con la finalidad de preservar, conservar y difundir documentación para contribuir a que “nunca más vuelva a perpetrarse el terrorismo de Estado en Argentina”.

Entre el material figuran todos los juicios que se han desarrollado por los delitos económicos, que develan la complicidad civil y empresarial. En esa línea Pietragalla indicó que existe el riesgo de que el Ejecutivo pueda influir en el juicio que se avecina, considerando que el gobierno está formado por los mismos grupos económicos que participaron en la dictadura.

“El Grupo Blaquier, que es un ingenio de azúcar de Libertador San Martín, en la provincia de Jujuy, donde está la famosa noche del apagón que fue una noche donde con camiones del ingenio, cortando las luces, salieron a secuestrar trabajadores organizados del ingenio que resultaron desaparecidos. Hoy el gobierno de Macri tiene entre sus funciones un sobrino de Blaquier, usaban sus aviones y sus pistas de aterrizaje cuando hacían campaña política en la provincia. ¿Cómo van a investigar si son parte de la construcción política de Cambiemos?”, afirmó.

La situación es delicada también por su alcance internacional. Entre el material disponible figuran una serie de documentos de la Operación Cóndor, la coordinación de los agentes represores de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, y Brasil.

Esto es una amenaza que el investigador paraguayo y premio nobel de la paz alternativo, Manuel Ahumada, recientemente denunciara señalando que “aún se siente el aleteo del Cóndor”.

En ese sentido, Pietragalla sostuvo que también corre riesgo la coordinación externa para el avance en Derechos Humanos: “Acá donde están las dependencias de los genocidas, cuando ganó el proyecto de Macri, celebraron. Así que imagínate, si se interviene el nivel de consecuencias que puede tener cuando hoy gran parte de las embajadas de la región y los Estados Unidos esté trabajando para desestabilizar países y generar gobiernos orgánicos a sus decisiones. En ese sentido, pensamos que estamos en una situación más que difícil”.

El ex diputado afirmó que confía en que los años de un proyecto integrador en materia de Derechos Humanos abrió la memoria y la conciencia política para todo el pueblo, por lo que “hoy no puede resultar tan fácil una intervención como ésta”.

En ese sentido, advirtió que el gobierno se encontrará no sólo con el pueblo argentino, sino que con la solidaridad de distintos organismos de Derechos Humanos de la región, que buscan “proteger la memoria colectiva de nuestra patria grande”.