“Es obligación de los funcionarios públicos poner en antecedentes a las entidades fiscalizadoras si se está ante la presencia de un fraude o delito”, explicó el abogado Mauricio Daza respecto del rol que pudo tener el Ejército en la estafa piramidal de la empresa AC Inversions.

Así lo planteó a Radio Universidad de Chile, en conversación con el periodista Patricio López, a propósito del documento que comenzó a circular al interior del Ejército y que alertaba a sus funcionarios de no participar en el negocio, debido a que había constancia de que se trataba de un engaño.

En ese sentido, el abogado Daza sostuvo que “no se entiende que teniendo en cuenta esa información, no se haya comunicado a las instituciones fiscalizadoras correspondientes”.

Además, agregó que el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, se arriesga a incurrir en un delito. “Él va a alegar que no tenía toda la información, pero aunque uno acepte esa explicación, a lo menos hay una responsabilidad en el sentido de que su obligación como funcionario público era poner esos antecedentes en conocimiento de las entidades fiscalizadoras”.

El propio Daza se centró también en el rol que le cabe a las instituciones fiscalizadoras del Estado que dejaron pasar la existencia de este ilícito. “Todos se pasan la pelota. La Superintendencia de Valores dice que no tiene facultades. La Superintendencia de Bancos dice que no tiene competencia en la materia. Pero curiosamente, cuando se entera de la situación, envía un oficio a la Justicia para que se investiguen delitos de la Ley de Bancos y obviamente la Unidad de Análisis Financiero está en cuestión”.

Por ello, no duda en afirmar que dichas entidades debieran preocuparse en revisar sus procedimientos internos antes que atacar a los fiscales a cargo de la investigación. “Ellos plantean que reclamarán al Fiscal Nacional por las revelaciones hechas por el Fiscal Gajardo, pero no se hacen cargo del fondo del asunto. Acá lo que hay que hacer es no solamente analizar las competencias de las instituciones, sino que también de quienes trabajan en ellas”.

Finalmente, Mauricio Daza se refirió a la investigación del Caso SQM, donde criticó al Servicio de Impuestos Internos por demorar la presentación de querellas en contra de figuras políticas como Pablo Longueira, Laurence Golborne y Rodrigo Peñailillo.