Este jueves, el Ministerio Público del estado de Sao Paulo, solicitó la prisión preventiva para el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva a quien acusa de los delitos de lavado de activos, ocultamiento de patrimonio y falsificación de documentos, en el marco de las investigaciones por el presunto departamento tríplex que tendría en la localidad costera de Guarujá.

Los persecutores plantean que esta medida cautelar es necesaria para garantizar la aplicación de la ley penal, ya que, aseguran que en libertad, Lula podría destruir pruebas y actuar en orden a evitar las eventuales determinaciones de la justicia.

Lula arriesga entre 3 a 10 años de prisión por el cargo de lavado de dinero; y entre 1 a 3 años por el delito de falsificación de documentos, además su mujer, Marisa Leticia, y uno de sus hijos, Fábio Luís Lula da Silva, también fueron acusados de lavado de dinero.

Desde el inicio de esta investigación, Lula ha negado estas acusaciones, reivindicado que se trata de “persecución política”. La semana pasada, Lula fue interrogado durante tres horas y su casa allanada, también con las de su familia y de su asociados, en la investigación por cargos de corrupción con la empresa Petrobras.

El ex presidente también dijo que nunca ha sido el propietario del departamento, que, según la información reporteada por la BBC, pertenece oficialmente al OAS, una de las compañías de construcción brasileñas más importantes.

OAS es una de las firmas involucradas en el fraude a la petrolera estatal en el marco de la investigación por la operación “Lava Jato”, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil, que está a cargo de la justicia de Curitiba.

Guarujá y Curitiba son dos casos distintos que coinciden en el inmueble. En el primero, la fiscalía de Sao Paulo sólo acusa a Lula de haber ocultado ese patrimonio, diferente a lo que se investiga en Curitiba: si el icono del Partido de los Trabajadores (PT) habría recibido esta propiedad en pago de favores.

“Hay evidencias de que el ex presidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte”, informó el Ministerio Público en Curitiba el viernes, el día que Lula fue llevado a declarar.

La “Operación Lava Jato”, que investiga el fraude en Petrobras, es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a decenas de parlamentarios, gobernadores, ex funcionarios de la petrolera y algunos de los principales empresarios del país.

Se estima que la trama de corrupción habría costado unos 2 mil millones de dólares a la petrolera.