En el marco de la denuncia de obra nueva acerca del peligro del tranque de relaves El Mauro que la comunidad de Caimanes interpuso hace años en contra de minera Los Pelambres, y sobre la que la Corte Suprema ordenó el año pasado devolver el agua del Estero Pupío a los habitantes, ahora se realizan peritajes en la zona.

La minera del Grupo Luksic presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de La Serena con el propósito de revertir el fallo de última instancia e inició este mes un proceso de participación ciudadana en la comunidad de Los Vilos para dar detalles de su proyecto.

No obstante, aunque también el tribunal de alzada recientemente solicitó estudios de terreno, el vocero de la comunidad de Caimanes y presidente del Comité de Defensa del Valle del Pupío, Cristián Flores, desconfía de que se recupere el recurso hídrico.

“La Corte de La Serena estima que quiere tener la ayuda de algún perito para poder saber si es idóneo o no el plan que presentó Minera Los Pelambres y que fue rechazado por el Tribunal de Los Vilos. El plan es nefasto, se agregaron obras artificiales como por ejemplo la devolución de agua para salvar la situación del momento”.

El dirigente advirtió que el dictamen del máximo tribunal establece que se devuelva “el natural y libre escurrimiento de las aguas” y el actual plan presentado por Minera Los Pelambres no contempla aquello.

“Estamos completamente convencidos de que si el peritaje es honesto y serio, obviamente va a ser favorable a la comunidad de Caimanes y la Corte debiese pronunciarse bien respecto de lo que está exigiendo la Suprema, que es la demolición del tranque como única alternativa para devolver el movimiento de las aguas”.

En tanto en la arista judicial también hay reparos, el abogado Esteban Vilches representante de los pobladores de Caimanes, presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra los jueces de la Corte de Apelaciones de La Serena: Christian Le-Cerf, Vicente Hormazábal y Marta Maldonado.

Vilches defiende que los tres jueces violaron la ley vigente, por lo que espera que el máximo tribunal tome medidas al respecto.

“Hay un artículo en el Código de Procedimiento Civil que indica exactamente cuál es el plazo máximo dentro del cual se debe evacuar una diligencia como un peritaje, que son 20 días desde que se decreta. El perito, sin embargo, ha señalado que estaría entregando su informe a fines de mayo, lo que significa un plazo de cinco meses y medio, lo que nos parece completamente fuera de ley. Hicimos ver esto a la Corte de Apelaciones y ésta ha decidido seguir adelante con el peritaje”.

El abogado critica además que exista la figura de perito adjunto con tarea de asistencia en el trámite y que según él, favorece a Minera Los Pelambres.

Así, concluyó que el peritaje debe quedar sin efecto y la Corte de Apelaciones de la Serena proceder a fallar directamente.