El superintendente de Casinos de Juego, Daniel García, y el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII) Bernardo Lara, acudieron a la comisión investigadora sobre el Fraude en el Ejército, por la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre.
Según los antecedentes presentados, el principal implicado, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó al menos dos mil 300 millones de pesos y su esposa Elizabeth Vega, 385 millones de pesos, en el Casino Monticello. En la ficha de control que proporcionó el cabo a la institución, se registró como estudiante y asesor informático.
Según indicó el superintendente, en lo formal, el casino cumplió con indagar la información contenida en las fichas de registro, a pesar de que en el Dicom que solicitaron, los antecedentes no revelaron irregularidades.
“El casino cumplió con lo que ellos indican en su manual, es decir, registró la ficha e hizo alguna indagación al respecto. Por lo tanto, si bien sabemos que es un caso en que nos gustaría investigar más, pero hablamos de un total de dos mil fichas, y se hizo lo recomendado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, tenemos claro que este no es un caso que dé señales de lavado”, señaló.
Antes de 2015, la UAF fiscalizaba sólo la colilla de envío de un reporte semestral sobre “operaciones sospechosas” efectuadas en los casinos, y no su contenido propiamente tal.
El diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión investigadora, Jaime Pilowsky, cuestionó el mecanismo de fiscalización y control utilizado por el casino para mantener el registro de estas operaciones.
Según el parlamentario, a partir de la normativa existente se podría suponer que había un informe de operaciones efectivas emitido por el casino, y monitoreado por el Servicio de Impuestos Internos.
“Cuando se llenan esas fichas, ¿a partir de qué información puede acceder el casino?, y ¿qué obligatoriedad el cliente de entregar información? Sino estamos en una situación bastante light de control”, apuntó el parlamentario.
En tanto, el diputado de la UDI Jorge Ulloa recalcó sobre la inexistencia de una disposición por parte de Impuestos Internos de verificar la autenticidad de facturas emitidas.
“La respuesta es que no existe una disposición por parte del SII, ni para las entidades públicas ni privadas, de obligarlos a verificar. Es parte de lo que se entiende que debieran hacer”, recalcó.
Según indicó el presidente de la comisión, serán citados a declarar los ex ministros del Interior Francisco Vidal, Jaime Ravinet, Andrés Allamánd, Rodrigo Hinzpeter y el actual ministro Jorge Burgos. También, se citará a los subsecretarios de las Fuerzas Armadas desde 2008 y 2014.
