Estos hábiles personajes del mundo privado periódicamente consiguen los propósitos que les encomiendan las empresas que tienen dificultades para que los distintos servicios de la Administración del Estado les aprueben sus proyectos de inversión. Muchos de ellos son abogados, otros tantos son periodistas que actúan con el paraguas de unas sociedades de comunicación estratégica, pomposo nombre que les da credibilidad en los mercados. El único que reconoce su función de “mediador” es el político PS Enrique Correa, quien se mueve como un pez en el agua dentro de las oficinas públicas y por esta marcada afinidad con el poder político el hombre tiene continuos éxitos.

En esta ocasión daremos un ejemplo clarísimo de la gestión de uno de ellos para que el Estado renunciara a ejercer su rol en materia de Vivienda y Urbanismo, con lo cual ese lobbysta salió airoso.

En diciembre del año 2009 los vecinos del callejón sin salida (vía angosta) Massmann, perpendicular a la Av. Alemania en la ciudad de Temuco, particulares que residen en viviendas unifamiliares de uno y dos pisos, tomaron conocimiento que unos actores inmobiliarios habían obtenido el 3 de diciembre de ese año un permiso de anteproyecto para construir un edificio de 12 pisos sobre 3 terrenos colindantes que enfrentaban ese pasaje, razón por la cual le representaron formalmente la situación al alcalde y a todos los concejales.

Solo 2 concejales, Romina Tuma y Hugo Vidal, hicieron gestiones de verdad para revisar la materia y el alcalde Miguel Becker, les contestó con fecha 8 de febrero de 2010 que toda la tramitación estaba en regla, a pesar de que ello no era así tal como más adelante se dice. La abogada Tuma, hija del senador Eugenio Tuma, ejerce hoy en día el cargo de Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía.

A continuación, el 17 de marzo de 2010, la Inmobiliaria Ebcosur Temuco S.A., haciendo valer ese anteproyecto, logra obtener por parte del Director de Obras Municipales (DOM) un permiso de edificación para levantar esa estructura habitacional sin que los terrenos estuvieran fusionados, es decir, violándose la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) pues para conseguir el permiso debían estar inscriptos tales terrenos en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) a nombre del nuevo dueño.

Las reglas del juego urbanístico fijadas el 2 de febrero de 2010 en el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) decían que para esa zona la altura máxima es de 4 pisos y por ello se entendía que el titular del proyecto no tuvo el tiempo necesario para inscribir en el CBR en uno resultante la fusión de los 3 terrenos que compró a terceros. Es más, la OGUC exige que esa inscripción esté perfeccionada en la fecha en que los titulares de proyectos ingresan en la DOM las solicitudes de permisos y el ingreso al municipio de esa solicitud se produjo el 26 de enero 2010.

Por otro lado, y como guinda de la torta, la misma OGUC establece que “Los pasajes no podrán consultar acceso vehicular a edificios colectivos de más de tres pisos de altura” (sic) y el acceso al edificio en comento se localiza sobre el pasaje. Para obviar esta limitación al oportunista y lucrativo negocio, la municipalidad dijo por escrito en el formulario denominado “Certificado de Informaciones Previas” que el pasaje era una vía local, apostando a que los vecinos que reclamaban eran gente ignorante.

Por el contrario, los residentes del callejón, por ser profesionales instruidos, detectaron el ardid municipal-privado y el caso, en legítima defensa de sus derechos urbanos, lo llevaron ante la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, instancia que corroborando la obscena trampa resolvió instruir al funcionario que ejercía el cargo de Director de Obras que invalidara el permiso trucho, lo que hizo el funcionario municipal. En conocimiento del correcto comportamiento de la arquitecta Paz Serra, quien ejercía la función de Seremi, le enviamos un correo electrónico a Magdalena Matte, ministra del ramo, informándole que su delegada se ciñó a la ley, lo cual era meritorio. La ministra nos respondió por la misma vía, agradeciendo nuestro reconocimiento.

Pero, ¡oh sorpresa!, supimos que en enero de 2011 llegó a Temuco, dirigiéndose presto a la correspondiente Seremi, el conocido abogado Álvaro Baeza, influyente asesor y hombre de suma confianza de la ministra Matte, el mismo que intervino en el indecoroso episodio de Kodama, el cual motivó la renuncia al cargo, en el año 2012, de la mencionada ministra. Por otro lado, conforme a sentencia de la Justicia del año pasado a Baeza se le suspendió su profesión por el delito de prevaricación con motivo del engaño que les hizo a los conocidos canteros de Colina quienes lo contrataron dentro del conflicto de unas pertenencias mineras.

Y resulta que después de esta cabildera visita, la Seremi de arrepintió de sus dichos y se revalidó el permiso de edificación, ante lo cual, nuevamente nos dirigimos a Matte sin que nos explicara el viaje a Temuco de su letrado. La ministra, a través de su secretaria, nos dijo que el asunto lo viéramos con Javier Wood, Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, lo que hicimos sin resultado alguno, aunque Wood nos aclaró que él no entendía el sospechoso viaje del lobbysta Baeza.

Cuando Rodrigo Pérez asumió el cargo de ministro en reemplazo de Magdalena Matte y como todo seguía en la nebulosa más absoluta, también por correo electrónico, le pedimos que nos dijera qué había acontecido y conforme a las inveteradas prácticas chilensis, el hombre optó por enmudecer. En todo caso, estimamos que el abogado Baeza motu proprio viajó a Temuco para desempeñar su rol comercial de “solucionador de problemas” en la institucionalidad, pues no nos imaginamos que haya sido un emisario de la ministra.

Dado que estábamos ante una situación inexplicable, el 27 de abril de 2011 interpusimos una denuncia ante el Ministerio Público para que el Fiscal Regional de la Araucanía conociera el motivo de la visita a Temuco del abogado lobbysta Baeza, ya que era inconcebible la voltereta en su actuar de la Seremi respectiva. Pedíamos que se citara a declarar al mismo Baeza, a la arquitecta Serra en su condición de Seremi, al asesor jurídico de esa Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, al mencionado Javier Wood y a la Ministra Matte.

Tiempo después, en distintas ocasiones, le hemos consultado en correos electrónicos al Fiscal Regional de la Araucanía, Cristián Paredes, que nos informara cuales fueron sus acuciosas investigaciones y si llevó el caso a los tribunales. Nunca nos contestó y posteriormente supimos que la causa fue archivada, con lo cual se evidencia que tanto él, como su antecesor, no estuvieron motivados para hacer la pega que le encomienda la ley.

Con esta falta de servicio y con la visita del mencionado lobbysta a Temuco, se posibilitó que la dichosa inmobiliaria hiciera un estupendo negocio, ganando unos cuantos millones de dólares, vulnerando todas las disposiciones del marco regulatorio de Vivienda y Urbanismo lo cual es frecuente en nuestro país.