El Gobierno volvió en agosto a cadena nacional para presentar su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Más de treinta iniciativas, la mayoría de sentido común administrativo: ampliar la flagrancia, desplegar policías en los barrios más críticos, reforzar la frontera. Son medidas previsibles, discutidas hace años, y ninguna de ellas explica por sí sola una cadena nacional.

La pieza relevante del paquete es una reforma constitucional. Trae un nuevo estado de excepción y la posibilidad de inhabilitar a ciertos condenados para acceder a prestaciones sociales.

En su primera versión, la reforma contemplaba once modificaciones a la Constitución. Entre ellas, una que blindaba esas inhabilitaciones contra cualquier reclamo ante el Tribunal Constitucional. El texto que ingresó al Congreso se redujo a ocho.

La cláusula de blindaje desapareció. La inhabilitación se mantuvo, pero quedó supeditada a una ley de quórum calificado que todavía no existe.

Esa remisión a una ley futura es más grave de lo que parece. La enmienda habilita la inhabilitación en el texto constitucional y entrega su contenido concreto a una norma que nadie ha escrito. Se pide aprobar la autorización sin conocer el alcance de lo autorizado, y la definición de qué prestaciones y por cuánto tiempo queda para más adelante, cuando el asunto ya no tenga la visibilidad de una cadena nacional ni el peso político de una agenda presidencial recién estrenada.

Entre un borrador y otro, un sector de la propia coalición de gobierno advirtió en público, y no en la conversación de pasillo donde suelen resolverse estas diferencias, que las normas propuestas “dañan la institucionalidad”. Otro parlamentario oficialista habló de fallas graves. Las Fuerzas Armadas, que serían las encargadas de operar el nuevo estado de excepción, hicieron saber su incomodidad por no haber sido consultadas sobre un instrumento que las involucra directamente.

Veinticuatro horas después, ese mismo sector salió de La Moneda anticipando un “amplísimo apoyo” en ambas cámaras. Entre una declaración y otra hubo una reunión y algunos ajustes al texto, sin que se explicara públicamente qué había cambiado en un día como para revertir una advertencia de ese calibre.

El viraje, de la advertencia al respaldo, exhibió un mecanismo de manual, sin que nadie se molestara en disimularlo. Se publica un borrador más duro de lo que se necesita, ese borrador genera rechazo y negociación reservada, y lo que sobrevive parece moderado por comparación con lo que se descartó.

Nadie tuvo que mentir en ningún momento del proceso. Las once modificaciones eran reales y las ocho también, y estas últimas consiguieron parecer razonables únicamente porque las primeras ya habían ocupado el lugar de lo impresentable.

Lo que operó aquí tiene nombre en la literatura de la negociación. Amos Tversky y Daniel Kahneman lo llamaron anclaje. La primera cifra puesta sobre la mesa fija el punto de comparación con que se evalúa todo lo que viene después, incluso cuando quienes evalúan saben que esa cifra era arbitraria. En Chile su versión deliberada tiene un nombre más directo, pedir con el tejo pasado, que consiste en abrir pidiendo bastante más de lo que se espera obtener, contando con el rechazo, porque la petición siguiente se lee entonces como una concesión. Las once modificaciones cumplieron esa función, y contra ellas las ocho pasaron a leerse como un gesto de mesura.

El procedimiento no pertenece a ningún sector en particular. Cualquier gobierno con los votos para reformar puede aplicarlo, y su eficacia depende de una sola condición, que exista una propuesta más dura contra la cual medir la que se vota. Hace apenas un mes habría resultado impensable proponerlo así, sin que esa sombra previa sirviera de referencia.

Nada de esto exige suponer un plan maestro. La discusión pública terminó centrada en si se les quitará la salud a los presos. Ese debate, legítimo, dejó en segundo plano la pregunta de fondo: si hacía falta tocar la Constitución para lograr estos objetivos, o si varios de ellos cabían en una ley simple, sin el desgaste de una reforma completa al texto.

Detrás de este episodio hay un antecedente que pesa. Chile fracasó dos veces en escribir una Constitución nueva por la vía de una convención, y el proceso actual reabre esa discusión sin plebiscito, con mayoría propia en el Congreso y una oposición que otra vez llega dividida entre quienes quieren negociar y quienes prefieren bloquear.

La diferencia con los dos intentos anteriores es de método más que de contenido. Aquellos textos se discutieron durante meses y terminaron sometidos al voto de la ciudadanía. Este se tramita por la vía rápida de una reforma parcial, con suma urgencia y en comisiones donde el público no entra, sobre una materia en la que oponerse tiene un costo electoral que pocos están dispuestos a pagar en año de elecciones.

Que esta agenda se apruebe está prácticamente resuelto: con los números que tiene el oficialismo, probablemente lo haga. Lo que queda abierto es a qué se va a terminar acostumbrando el país, a que las reformas constitucionales se negocien puertas adentro de una coalición en vez del debate público, y a que la vara de lo razonable se corra cada vez que alguien presenta primero la versión más dura de lo que en realidad necesita.

El precedente sobrevive a quien lo estrena. Chile ya sabe lo que cuesta discutir su carta fundamental contra el reloj y con la sensación de que la alternativa es peor; lo aprendió pagando dos procesos fallidos. Aprobar ahora por esta vía, con un objetivo acotado y los votos para conseguirlo, deja instalado un método que su sucesor heredará intacto, sea cual sea su color, la próxima vez que le convenga tramitar rápido algo incómodo.