Bajo la consigna “Descansa Atacama, Despierta Santiago”, este lunes llegaron a la capital doce representantes de la mesa negociadora de los trabajadores públicos de Atacama quienes completan casi un mes de paralización. Algunos de ellos se manifestaron en las afueras de La Moneda, para exigir ser escuchados luego de casi un mes de paralización en la región.

Emilio Díaz, dirigente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch) en Atacama, explicó que “el objetivo de la visita es plantear al Gobierno que la solución al conflicto pasa por una iniciativa del Ejecutivo y no parlamentaria”. Los dirigentes entregaron una carta a la Presidenta Bachelet y buscaron el apoyo de los presidentes de las bancadas para aunar fuerzas en busca de la creación de un proyecto de ley que solucione el conflicto.

“Hoy día venimos a decir “descansa Atacama, despierta Santiago”. Nuestro objetivo hoy es decirle a la Presidenta que las bancadas políticas que componen la Nueva Mayoría están de acuerdo con la asignación en forma adicional a las remuneraciones de los trabajadores de Atacama. Lo que necesitamos es la solidaridad por parte de los parlamentarios para obtener las 61 referencias parlamentarias para decirle a la Presidencia que tenemos el compromiso para solucionar el conflicto en la región”.

Los trabajadores exigen el cumplimiento de un protocolo de acuerdo que se firmó con el gobierno y los parlamentarios de la región en septiembre del 2014. El convenio llamado “Un Nuevo Trato para Atacama” establecía una bonificación, similar a la de zonas extremas durante 2015, a la espera de un estudio que permitiera establecer el costo de la vida en la zona con el objetivo de definir el monto de asignación permanente para los funcionarios públicos en 2016.

El Gobierno ha argumentado que según los estudios del INE Atacama sería la séptima región menos cara de Chile, Manuel Mendoza, presidente de Asemuch Copiapó y vocero de la Mesa del Sector Público en Atacama, enfatizó en que las condiciones de la región encarecen el costo de la vida y dijo no comparten este diagnóstico.

“Nos llama profundamente la atención la indolencia de este gobierno, el desconocimiento del protocolo con la firma del intendente y de la Presidenta. Están clarísimos los pasos a seguir y en ese contexto nos parece lamentable que digan que Copiapó es la séptima ciudad menos cara de Chile. Existen problemas como el tema del agua, que no se puede beber entonces hay que comprar agua, la falta de vivienda, el tema de la contaminación de los relaves, la descentralización de la región y la crisis hídrica son todos temas que estaban contemplados en el protocolo de acuerdo”, explicó.

Marcelo Torres, presidente de la Federación Regional de los Departamentos de Educación Municipal (DAEM) explicó que como gremio están solicitando ser incorporados a la ley que entregaba el bono, dado que no fueron considerados el año pasado.

“Las personas están descontentas y desmotivadas con el Gobierno. La palabra del Gobierno no es una palabra que podamos considerar válida. En varias partes de las provincias de El Huasco, Copiapó y Chañaral ya están las carreteras tomadas. Se han tomado incluso la gobernación en las distintas provincias. Y hay querellas en contra de los dirigentes por esos motivos, pero esto es principalmente para que el Gobierno nos escuche porque no hemos tenido cobertura del conflicto”, dijo.

Mientras que las movilizaciones continuarán desarrollándose en la región con turnos éticos por parte de instituciones como el Registro Civil, este miércoles 30 de marzo habrá una nueva reunión entre la mesa negociadora y autoridades del gobierno.

Se espera que para entonces y luego de las gestiones en Santiago la propuesta de La Moneda mejore, de no ser así los dirigentes no descartan agudizar las movilizaciones.