La disputa verbal entre los gobiernos de Chile y Bolivia ha llevado más agua al molino de la discordia, incrementado por la decisión de responder con vehemencia a lo que tradicionalmente es la reivindicación marítima boliviana en la conmemoración del Día del Mar. Conducta que refleja las fuertes presiones que sufre el gobierno chileno, con una política interna con enormes problemas y que le permite tener una válvula de escape por esta vía.

¿No es así como suele entender la diplomacia y la política chilena los argumentos de Bolivia cuando se refiere a sus contenciosos con nuestro país? Suena extraño, pero tiene enorme coherencia y racionalidad el achacar a los problemas internos los discursos y acciones que involucren a actores internacionales. En lo específico, la pretensión boliviana de acceder soberanamente al Océano Pacífico, tras ser vencido en la Guerra que enfrentó a ambos países entre los años 1879 y 1881, une la puesta en marcha de una operación diplomática destinada a poner en el tapete de la discusión jurídica internacional, el tema del uso y disfrute de las aguas del Silala, consideradas por Bolivia como un manantial y por Chile como un río de curso internacional.

Problemas Internos, Salida Externa

El discurso del Presidente Boliviano Evo Morales en la conmemoración del Día del Mar el pasado 23 de marzo, reiteró la reivindicación centenaria de volver al Océano Pacífico soberanamente, uniéndose a otra reclamación, también de larga data: las aguas del Silala. El gobierno chileno reaccionó a través del canciller Heraldo Muñoz afirmando que “no importa cuántas demandas presente Bolivia, Chile no cederá soberanía…Bolivia se va a estrellar con un Chile unido con una política de Estado”.

Por su parte, la mandataria chilena, tras reunirse el día lunes 28 de marzo con el canciller Muñoz señaló que “el gobierno de Bolivia alega ahora ser dueño de recursos hídricos que son compartidos, las aguas del Silala fluyen naturalmente hacia el territorio por un efecto de una ley tan clara como es la ley de gravedad“. Para la Presidenta chilena, en caso que el gobierno boliviano concrete su demanda en instancias internacionales, Chile va a contrademandar para resguardar sus derechos “El gobierno de Bolivia habla de diálogo, pero los hechos demuestran que no está dispuesto a ningún diálogo y que prefiere instrumentalizar a los tribunales internacionales”.

Para el canciller chileno, la demanda de Bolivia es parte de una “política hostil hacia Chile, probablemente por la desesperanza, que sienten respecto a la demanda marítima, porque saben que no van a conseguir el resultado buscado, es decir la soberanía…esta nueva demanda buscar distraer la atención sobre sus problemas internos pero también de lo que puede ser el desenlace de la demanda actual. La comunidad internacional se va a dar cuenta muy claramente que aquí ya no es el mar, no son los ríos sino que cualquier excusa para tener un planteamiento hostil con nuestro país y eso va a debilitar la posición internacional de Bolivia, pues eso demuestra debilidad”

Ese muro de corte transversal al que hacía referencia Muñoz tuvo su primer ladrillo en la voz del presidente del partido ultraderechista chileno Unión Demócrata Independiente –UDI– el Senador Hernán Larraín, quien lamentó que las declaraciones de Evo Morales “hayan tomado el camino de la agresión judicial a Chile, renunciando al dialogo y al proceso de integración. Lo único que va a lograr el presidente boliviano es judicializar la relación entre ambos países …las agresiones judiciales a Chile, no van a conducir a ninguna parte, ni va a lograr un centímetro de nuestro territorio jamás”. Larraín advirtió que Chile no puede prestarse para los gustos de Bolivia y en ese marco es evidente que Chile debería retirarse del Pacto de Bogotá.

En general, las autoridades chilenas señalan, sin distinción, que Bolivia suele efectuar estos reclamos, como una manera de ocultar sus problemas internos. Sin embargo el análisis riguroso de la conducta del país altiplánico en materia de reivindicaciones marítimas, hídricas, comerciales, portuarias o la utilización de las aguas del Silala han tenido una línea coherente. Nada nuevo bajo el sol, a pesar de las dificultades internas bolivianas a las que suele hacer referencia Chile, derivadas de acusaciones de tráfico de influencia contra Evo Morales en beneficio de una ex pareja –Gabriela Zapata Montaño- y una empresa ligada a inversiones chinas –CAMC Engineering, que mantiene contratos con el Estado- unido al tema del hijo que tuvo con Zapata y las investigaciones por corrupción contra ex Ministros, parlamentarios y dirigentes del MAS ligados al Fondo Indígena por cerca de 7 millones de dólares. Adicionemos la derrota en el referéndum de reelección presidencial, como también cierta oposición proveniente, sobre todo de organizaciones de izquierda y sindicatos campesinos. Nada que pueda ser considerado tan grave como la crisis interna que vive el mundo político chileno.

Efectivamente, empleando el mismo predicamento que suele utilizar la política chilena frente a las demandas bolivianas, es posible pensar entonces que la reacción gubernamental chilena, sus políticos y aquellos que suelen expresar su opinión cargada de un belicoso chauvinismo en foros y medios de comunicación, se deba precisamente a los enormes problemas internos que presenta, no sólo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet -con los índices de aprobación más bajos de la historia– sino también la clase política en general y los poderes del Estado como el Legislativo, sumido en una profunda crisis de credibilidad.

El uso irregular de fondos privados para la actividad política, el contubernio delictivo con empresas privadas, ha cruzado los marcos éticos y judiciales y marca la agenda pública. Sobre todo cuando una de las referencias de este cruce de intereses, refiere a la Sociedad Química de Chile –SOQUIMICH– ex empresa estatal apropiada por el ex yerno del Dictador Augusto Pinochet, el empresario Julio Ponce Lerou, que lo mismo financiaba a parlamentarios de la derecha que del centro y la socialdemocracia chilena representada por la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialista. Incluso parlamentarios y candidatos presidenciales muy ligados, en su condición de víctimas o cercanos a familiares que sufrieron violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura pinochetista. Ese hecho signa la crisis moral de una clase política que trata, por todos los medios, de resguardar sus privilegios y que se niega a cambiar estructuralmente las bases del país.

Sumamos el escándalo por tráfico de influencias, que afecta al hijo de la Presidenta y su nuera, por la compra de unos terrenos cerca de la capital chilena, como también la conducta empresarial inmoral en la colusión por el papel higiénico, la venta de medicamentos, el cartel de los pollos, entre otros, que tiene sumido al país en una crisis transversal y donde cualquier elemento que sirva para distraer la atención es utilizado por una clase política y empresarial, que sabe y suele actuar unida. Ese marco, de partidos políticos, instituciones estatales y un gobierno desprestigiado orienta las preocupaciones hacia lo externo y Bolivia aparece como el mejor blanco ¿Por qué no? Si el argumento ha servido para Bolivia, ¿Por qué no para Chile? Resulta lógico pensar que en materia de política interna y externa no puede existir una teoría de cuerdas separadas, son parte de una misma conducta como país.

Lo Bilateral ya no rinde frutos

La estrategia chilena de llevar permanentemente a Bolivia al escenario de lo bilateral se ha repetido de manera incansable sin que Bolivia acepte, exclusivamente este marco. Esto preocupa a una Cancillería chilena, que durante décadas usufructuó de esa postura y de la crónica debilidad política interna y externa boliviana, que sin duda, antes de la toma de posesión de Evo Morales como jefe de Gobierno el año 2006 era un análisis bastante cercano a la realidad. Pero, una década de gobierno masista, con una línea estratégica exterior definida como una Política de Estado irrenunciable, permite advertir una Bolivia muy distinta en sus planteamientos, su estrategia política, diplomática y comunicacional.

Sobre todo, en el avance de temas de inclusión social, estabilidad social y política, un crecimiento económico que ha hecho hablar del “milagro boliviano”, nacionalización de riquezas naturales, una agenda ambiental y obras de infraestructura que le están cambiando el rostro al país. La errada percepción de la cancillería chilena y la clase política, repetida a coro por la mayoría de los medios de comunicación, es una constante, errada y contumaz que nos condena a no llegar una solución; que frena la posibilidad de estrechar lazos y desarrollar el norte chileno, el sur peruano y el occidente boliviano.

Bolivia no es la misma y sobre todo en el aspecto de su política exterior, distanciada de la vetusta visión chilena, que en el plano externo parece ir de tumbo en tumbo, sobre todo en su relación con los gobiernos sudamericanos, forzándolo a buscar alternativas de estrechamiento de lazos con los gobiernos de Colombia y México. Nuestro país, en el trazado político regional, vive una especie de papel secundario. No así en lo económico, donde las empresas chilenas dan muestra de una mayor flexibilidad y dinamismo, invirtiendo allí donde haya gobiernos indígenas, de izquierda o autodefinidos nacionalistas como en el Perú y que en su momento también denunció a Chile en los organismos internacionales. Esa marginaldad tiene cierta válvula de salida con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, con objetivos similares al chileno: mirar más al norte que a sus compañeros regionales.

La orientación externa de lo que hay que sostener frente las demandas bolivianas, según documentos de uso interno de la Cancillería chilena –elaborados algunos como cuestionarios frente a interrogantes que se planteen a las autoridades- mencionan, por ejemplo, la posibilidad que Chile se retire del Pacto de Bogotá. Exigencia que ha ido adquiriendo más vuelo, sobre todo en aquellos políticos del ala más belicosa de la política exterior chilena, ligados preferentemente a la derecha chilena –como los senadores Francisco Chahuán, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma y el diputado José Manuel Edwards -pero también de partidos de gobierno, como es el caso del Senador DC, Ignacio Walker y el Diputado Jorge Tarud el PPD.

En ese plano, la decisión de salir del Pacto de Bogotá para Chile no sería coherente “con nuestra posición como país serio, respetuoso del derecho internacional y firme defensor de los medios pacíficos de solución de controversias. La comunidad internacional podría verlo como un retroceso del compromiso de Chile con las reglas del juego internacional y tendría un enorme impacto en la imagen de Chile”. ¿Si se considera que es grave y contraproducente, según el documento mencionado, por qué se está avanzado por esta vía?