A mediados de diciembre del 2015 ingresó a la Comisión de Seguridad Ciudadana un proyecto de ley abocado a las investigaciones de delitos terroristas, patrocinado por los diputados de Renovación Nacional Germán Becker, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat. Además de la integrante de la Unión Demócrata Independiente, Claudia Nogueira.

A la iniciativa –que ha pasado inadvertida-, accedió Radio Universidad de Chile donde pudo constatar que en su artículo número tres establece el carácter reservado de las diligencias y señala que sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la causa se formalice.

Además, señala que “la infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información” y añade: “En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales” (de hasta un millón trescientos 60 mil de pesos aproximadamente).

Esta indicación recuerda a una similar que generó una fuerte polémica en el marco de la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia. En ese sentido, el diputado RN Jorge Rathgeb reconoció que “es un tema complejo, donde a veces uno se mete en la pata de los caballos”, pero defendió la propuesta de todas maneras.

“La situación de hechos calificados como terrorista tienen efectivamente un trato especial. Estamos hablando de hechos que atentan contra la vida de las personas, la integridad física y causan miedo en la población. Hay una diferencia clara respecto de lo que se vio en la Agenda Corta porque son situaciones de carácter especial, y cuando ocurre esto incluso puede ser afectada la población en general y los mismos medios de comunicación”, sostuvo.

Además, indicó que se deben “extremar las medidas para asegurar condenas”.

Al respecto, Patricio Segura integrante de la Mesa Directiva del Colegio de periodistas, sostuvo que, lamentablemente, no les sorprende la noticia: “A estas alturas del partido hemos visto que hay un sector político muy concreto que busca criminalizar el legítimo derecho a la información. En este caso se trata de parlamentarios de Chile Vamos, pero muchas veces ha sido apoyado por legisladores de la Nueva Mayoría y el propio Gobierno. Allí el ministro del Interior, Jorge Burgos, ha sido el Paladín de la criminalización”.

Para el dirigente esto hace más grave todos los intentos que se están viendo de coartar las libertades civiles. Con esto, dijo, “el gobierno estaría pasando a la historia reciente como el que avanzó, apoyó y respaldó, con apoyo legislativo, la criminalización del ejercicio de derechos individuales como la libertad de expresión, pero también la conculcación de libertades civiles que nos ha costado mucho poder garantizar y de las cuales estamos al debe en muchas áreas todavía”.

Recodemos que el Colegio de Periodistas ha dado una dura batalla contra un articulado en la Agenda Corta Antidelincuencia, pero no sólo los profesionales de las comunicaciones están en contra de este tipo de articulados polémicos. En este caso, además, el rechazo viene de abogados de Derechos Humanos y defensores de comuneros mapuche investigados por delitos de esta naturaleza.

Para el coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, la penalización a la investigaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial implica una flagrante vulneración a las garantías constitucionales de la ciudadanía en su derecho a informar y ser informado, pero, además constituye una cortapisa para inviabilizar los impactos al debido proceso de causas judiciales en la persecución penal de los denominados “delitos terroristas”.

“Están buscando sustraer del ambiente público el conocimiento de las flagrantes vulneraciones al debido proceso que se han dado en la tramitación de causas que utiliza la ley que va en contra de las conductas terroristas. Generar una circunstancia como esta es una herramienta más para crear este manto de dudas y desconocimiento de las investigaciones”.

El abogado añadió que la gran mayoría de estos procesos han sido realizados en contra de personas pertenecientes al pueblo mapuche que han participado en reivindicaciones de sus derechos y que, en muchos de esos casos, los largos procesos de investigación han finalizado sin condenas debido a la fragilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía.