Parlamentarios adelantaron que la discusión se centrará en el control preventivo de identidad, que ha sido uno de los puntos más controvertidos en la agenda corta anti delincuencia. Esta medida permitiría a Carabineros la posibilidad de retener en un cuartel hasta por cuatro horas a los mayores de edad y hasta por una hora a menores de entre 14 y 18 años.

El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, recordó que la medida fue rechazada sólo por un voto en la Cámara de Diputados. En ese sentido, se mostró confiado en que la norma será aprobada pronto porque siete de los parlamentarios que integran la comisión ya se manifestaron a favor. Además, rechazó las observaciones que el Gobierno busca introducir, como la exclusión de los menores de edad

“El control de identidad preventivo justamente es para personas que están con orden de detención pendientes como es el caso de muchos menores, por eso creo que excluirlos dela norma no corresponde. Yo estoy abierto a lograr una aprobación mayoritaria siempre y cuando no ponga en jaque el control de identidad porque si vamos a tener un control que no se va a realizar porque está lleno de trabas, será muy difícil concurrir con mi voto en la comisión mixta”, aseguró.

En ese sentido, el diputado señaló que harán valer esa mayoría en la comisión. Sin embargo, dijo estar abierto a la posibilidad de rechazar que los menores sean conducidos a un recinto de Carabineros, esto porque a su juicio las policías debieran tener la obligación de comprobar en terreno la identidad de las personas.

El diputado PPD Guillermo Ceroni dijo que buscarán acuerdos para lograr una norma que “sea eficiente, pero que no atropelle a las personas en sus derechos”.

“Espero que se modifique y que los menores de edad queden fuera, no podemos permitir que queden en manos y a criterio de los carabineros en su control de identidad. Creo que también es muy importante que bajo ningún punto de vista la persona pueda ser llevada a un cuartel de carabineros a raíz de su control de identidad. Para eso queremos obligar a que las policías tengan un sistema tecnológico adecuado”, dijo el diputado.

Por su parte, el senador del PS, Alfonso de Urresti, criticó que los aparatos tecnológicos se plantearan como una solución ante una norma que calificó como una “tozudez de parlamentarios que apelan al populismo penal, con normas que no van a terminar con la delincuencia”.

Recordemos que la legislación actual ya cuenta con normas para realizar este control fijado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, donde se establece que los funcionarios policiales pueden “solicitar la identificación de cualquier persona” en los casos en que existan indicios de que esa persona hubiera cometido o intentado cometer un crimen.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado Mauricio Duce se refirió al tema de fondo en esta discusión que tiene que ver con las falencias del sistema procesal penal.

“El sistema todavía tiene dificultades enormes para investigar y esclarecer delitos cuando no se producen en situaciones de flagrancia y en casos donde el autor del delito es desconocido. El sistema tiene problemas estructurales para sancionarlos y estos representan una parte importante de los casos. Respecto a las garantías hay permanentes tensiones con el uso de la privación de libertad antes del juicio, lo que se conoce como la prisión preventiva”, señaló.

En la misma línea, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, apuntó que el tema de fondo en esta discusión es la necesidad de tomar decisiones más a largo plazo en el tema de delincuencia. Esto porque a su juicio “se está haciendo todo para que vayan más personas a las cárceles en condiciones que no son dignas”.

En ese sentido, se refirió a la medida que tomó el poder judicial de entregar libertad condicional a más de mil 600 reos y que ha dado cuenta de la precariedad del sistema carcelario. Al respecto dijo que “lo que no puede pasar es que se cuestione la libertad condicional porque esta medida ha probado ser un mecanismo positivo para la no reincidencia”. Además apuntó a que resulta urgente revisar la política criminal en todas sus etapas, considerando que en Chile el Código Penal data de 1875.

“Lo que necesitamos es una reforma y actualización del código penal, eso significa que el país tiene que reflexionar sobre en qué casos se usa la pena más lesiva que es la privación de libertad. Entonces, vamos a tener que distinguir entre delitos menos graves y más graves, no pueden ser todos de igual gravedad porque no van a dar abasto las cárceles y no es esa la idea, sino que se busca resocializar a las personas que han cometido delitos para darles oportunidades de reinsertarse a la sociedad”, explicó.

Los desafíos están en cómo hacer eficaz el proceso de investigación criminal y el cumplimiento de penas, donde se requieren tribunales de ejecución de penas, que también sean capaces de velar por los derechos de las personas privadas de libertad.

Lorena Fríes valoró que en la discusión de la Comisión el Gobierno busque excluir a los menores de edad, pero advirtió que se deberían limitar otras medidas como el delito de lesiones sin que existan lesiones visibles o la posibilidad de juzgar a alguien en ausencia del imputado.

El otro tema que se discutirá en la Comisión será la norma que amplía las sanciones por filtraciones de información reservada de una investigación judicial.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, dijo que se reunirán el lunes para abordar estos puntos que se mantienen en discusión al interior de la Nueva Mayoría, razón por la cual el Gobierno decidió dejar sólo con urgencia simple el proyecto que deberá ser aprobado pronto con miras a la cuenta pública del 21 de mayo.