Colectivo de mujeres piden administrar casa de tortura “Venda Sexy”

Como una forma de visibilizar la violencia hacia las mujeres por parte del Estado durante la Dictadura, el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, ha comenzado una campaña para recuperar y administrar este centro de tortura.

Como una forma de visibilizar la violencia hacia las mujeres por parte del Estado durante la Dictadura, el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, ha comenzado una campaña para recuperar y administrar este centro de tortura.

El Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes inició una campaña a través de las redes sociales para exigir al Estado entregar la casa de tortura “Venda Sexy” a las organizaciones de mujeres.

Esto como un acto de reparación por la invisibilización de su lucha y lo que califican como “la nula justicia obtenida por haber sido víctimas de violencia política-sexual o tortura sexual de manera sistemática durante la dictadura cívico-militar en nuestro país”.

Después de años de lucha de las organizaciones de Derechos Humanos, finalmente la casa será reconocida oficialmente este miércoles como Sitio de Memoria.

Beatriz Bataszew Contreras, integrante del colectivo, afirmó que se debe enfrentar esta situación, ya que el 95 por ciento de las mujeres que pasaron por centros de tortura vivieron esta realidad, lo que no se ha reconocido explícitamente.

“Este tema, como se sabe, ha sido invisibilizado de manera permanente por el Estado chileno. Lo hizo cuando existió la Comisión Valech, donde ni siquiera preguntó como un ítem específico el hecho de la tortura hacia las mujeres y dejó este aspecto subsumido en el tema de la tortura en general. Es decir, estableció que la realidad de las mujeres frente al terrorismo de Estado no tenía ninguna diferencia entre hombres y mujeres”.

Ante esto la organización sostuvo que, hasta el día de hoy, en los fallos judiciales no ha existido ninguna condena por el delito, pese a la sistematización y a que fuera ejecutado por agentes estatales, lo que lo convierte en “un crimen de lesa humanidad”, tal como lo establece la jurisprudencia internacional.

La dirigenta expresó su preocupación ya que el 2014 iniciaron una serie de conversaciones en una mesa del gobierno, donde estaba el Ministerio del Interior, Justicia, Sernam e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero la mesa quedó en nada.

En ese sentido, advirtió su preocupación por la vigencia de esta práctica: “Nos preocupa que esta práctica sigue siendo cotidiana al momento de la represión hacia las mujeres que luchan. Ya sean estudiantes, mujeres mapuche, que luchan contra proyectos extractivos, como el caso de Chiloé o las comunidades que se enfrentan contra las mientras, y cada vez que alguna es detenida es objeto de violencia política y sexual”, sostuvo.

Por lo mismo, la organización hizo un llamado a pronunciarse, firmando una carta a través de Change.org para que sean las propias mujeres las que administren este espacio de resistencia.





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