Hoy se cumple un mes de la huelga de hambre de los ex presos políticos y un grupo de manifestantes protestaron cerca del monolito del ex presidente Salvador Allende y de La Moneda. El propósito fue insistir en el reclamo al Gobierno por el pago de indemnizaciones y pensiones reparatorias para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El vocero Braulio González afirmó que el Ejecutivo se ha mantenido insensible y espera que cuando se den los acuerdos políticos, no sea lamentando una muerte por la falta de ingesta de alimentos.

“Nos hemos sentado en cientos de mesas y al final no hemos resuelto nada. Que no hay presupuesto, que la salud que tenemos es lo que hay, nosotros estamos cansados de marchar porque de los tres poderes del Estado el único que se nos ha hecho más difícil es el Ejecutivo”.

González indicó que ellos están dispuestos a modificar sus propuestas de indemnización permanente de 2 mil UF, siempre que haya voluntad política. Esto luego que en una oportunidad se les entregó un bono de millón de pesos.

“Aquí tienen que haber indemnizaciones por el daño causado, hay que entender que estamos hablando de compañeros que quedaron lisiados, que están con problemas mentales, que perdieron su trabajo y hasta hoy no han podido limpiar sus antecedentes. Se sigue manteniendo la pena de extrañamiento para una cantidad de compañeros que están en el exilio y que no pueden entrar al país”.

En la Comisión de Derechos Humanos del Senado hay una iniciativa que propone una pensión cercana a 600 mil pesos, una indemnización de 150 millones. Mientras que en el área de la salud, de no haber prestación en el sistema público, los ex presos sean derivados a clínicas en carácter de prioridad; y en educación, que se les otorgue una beca de 100 por ciento cobertura estatal para los hijos.

No obstante, el proyecto de Ley Reparatoria está estancado y los ex presos políticos alegan que la falta de presupuesto no es excusa, sino que hay desinterés de las autoridades.