Si bien un comité de científicos se encuentra evaluando el vínculo entre el vertimiento de salmones muertos al mar de Chiloé por parte de la industria salmonera y el fenómeno de la marea roja, Felipe Sandoval, presidente de SalmonChile, descartó cualquier responsabilidad por parte de las empresas.

Además, recalcó que “en la industria del salmón no ha habido despidos por esta situación”.

Una versión desestimada por los propios trabajadores que incluso se han unido en la Agrupación de Cesantes por el Salmón, para que las autoridades regionales tomen medidas para resolver la crisis laboral que enfrenta la región.

Viviana Igor, integrante de esta agrupación, dijo que los trabajadores, que prestan servicios por obra o faena o por plazo fijo, son considerados trabajadores temporales.

Una situación que por años los han mantenido prestando servicios a empresas subcontratistas de la misma industria salmonera en condiciones muy precarias.

Hace dos semanas los trabajadores enviaron una carta a las autoridades regionales y al Ejecutivo para que evalúe entregar un bono de 150 mil pesos por cuatro meses a cerca de 5 mil trabajadores cesantes, precisó Viviana.

“Queremos que nos ayuden porque somos muchas familias que estamos sin trabajo hace tres meses. Hay mujeres que han trabajado toda su vida en esto y ahora no tienen un pan que llevarse a la boca”, explicó.

En SalmonChile han cerrado ocho plantas lo que representaría casi el 80 por ciento de la capacidad de la industria.

Marcelo Lipka, presidente del sindicato 2 de la empresa salmonera Yadrán en Quellón, parte de la Asociación de la Industria SalmonChile, se mostró preocupado por la continuidad de las movilizaciones que impiden retomar las actividades laborales, lo que podría generar, a su juicio, el despido de más de 20 mil trabajadores salmoneros.

Para José Pacheco, presidente de la CUT-Llanquihue, durante estas últimas semanas las empresas agrupadas en SalmonChile habrían amenazado con despidos a los trabajadores que se mantienen en sus puestos.

De esta manera, el dirigente, explicó que muchos de los que plantean incertidumbre laboral mantendrían contrato con las empresas, y sería una forma de quebrar el movimiento de los pescadores artesanales que se mantendrá sus demandas.

“La situación real es que ya la empresa despidió a 10 mil trabajadores y se desentendió de ellos que ahora están en la calle”, señaló.

Los representantes de gremios salmoneros viajarán a Santiago durante los próximos días para entregar una carta a la presidenta Bachelet planteándole su inquietud por las toneladas de peces que se encuentran sin procesar hace más de 15 días en centros de acopio de Quellón y Calbuco, lo que podría aumentar la crisis ambiental en la zona.

Alcaldesa de Ancud: “Exigimos la reparación del daño ambiental”

La máxima autoridad de la comuna de Ancud, , sostuvo que la movilización de los pescadores de la zona se mantiene a firme, no obstante se permitió el paso de camiones que reabastecieron a la ciudad y “aliviar la angustia” de la población porque habían comenzado a escasear los elementos básicos.

La alcaldesa recordó que fue en Ancud donde nacieron las protestas de los chilotes por la crisis de la marea roja, y añadió que uno de los puntos que mantiene la tensión entre la comunidad y el gobierno es el monto del bono que se quiere entregar a los ancuditanos, sumado a que gran parte de la población realiza labores informales de recolección de recursos marinos, los que deben ser incorporados en el proceso de entrega de beneficios.

“Pasa mucho por los informales, que es la gente recolectora de orilla en donde se calculó una cantidad que puede ser beneficiada, y esto todo va a una plataforma, a través de Desarrollo Social, y que han quedado más de la mitad fuera. Ese también ha sido un factor que ha estado topando y no pudiendo llevar a un acuerdo definitivo”.

La edil aseguró que, en caso de un eventual acuerdo que incorpore a los trabajadores informales, el mismo municipio puede actuar como ministro de fe de quiénes y cuántas son las personas que ejercen labores de recolección a orillas del mar, para que así puedan acceder a los beneficios que entregue el Estado.

Finalmente, Soledad Moreno exigió que luego de superar la crisis, se debe investigar quiénes son los verdaderos responsables de este desastre ambiental, ya que los chilotes tienen “el derecho de vivir en lugares no contaminados”.

“La demanda que hemos impuesto, tanto en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en los tribunales de Ancud, en donde buscamos las responsabilidades, especialmente de Sernapesca y de la Armada, en donde demandamos, claramente, la reparación del daño ambiental, y también la reparación de la afección de los ingresos económicos de los pescadores, de las familias y la comunidad, porque acá la Constitución nos favorece, e impone que tenemos el derecho de vivir en lugares no contaminados, y quienes tengan responsabilidad en esto, en algún minuto tiene que aparecer”.