En entrevista con Patricio López en Radioanálisis, la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, se refirió a la denuncia realizada por Roberto Zambrano, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, quien habría sido golpeado por Carabineros y obligado a desnudarse luego de ser detenido en una manifestación estudiantil.

A su juicio, el “mal actuar” de Carabineros en detenciones y control de manifestaciones es reiterativo desde hace muchos años.

¿Qué podríamos decir en general sobre Carabineros en relación con los derechos humanos y el respeto a las personas, particularmente durante los últimos años y teniendo en cuenta nuestro pasado dictatorial?

Las denuncias al mal actual de Carabineros en distintos contextos, al uso excesivo de la fuerza, sobre todo en el contexto de control de manifestaciones y de malos tratos en la detención es algo que ha sido muy reiterativo desde hace muchos años. Nuestro análisis es que en la última década las denuncias por este tipo de cosas han aumentado en algo así como un 300 por ciento. Es un problema persistente y un elemento de preocupación para Amnistía Internacional que estamos denunciando hace bastante tiempo y se relaciona con muchas aristas, tiene muchos flancos que hacen que esto vaya perpetuándose y quedando impune.

O sea, esta situación que ha afectado al Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, a la luz de la sistematización que ustedes han hecho, no podría ser considerado un caso individual o aislado.

Lamentablemente no. Talvez no podemos afirmar que es una práctica sistemática o una política de parte de Carabineros en ningún caso, pero este tipo de situaciones sí ocurren y ocurren con regularidad; de hecho, no hace mucho hubo un caso de dos funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Antofagasta que también fueron víctimas de malos tratos en el contexto de su detención y eso es hace una semana atrás.

¿Hay un sesgo de Carabineros contra las movilizaciones en general y contra el movimiento estudiantil en particular?

Lo que hemos visto por lo menos desde Amnistía es que sí hay un sesgo en el sentido de ver toda manifestación pública como un desorden que ojalá no se estuviera produciendo, siendo que una manifestación pública pacífica es el ejercicio de derechos humanos, a la libertad de reunión en un lugar público y el derecho a la libertad de expresión. En ese sentido, el rol de Carabineros no debería ser intentar que eso no se produzca o que dure lo menos posible, sino mas bien el resguardar el derecho de las personas que se están manifestando pacíficamente. Eso no siempre está alineado y la manera en que Carabineros reacciona con frecuencia está fuera de los estándares internacionales de derechos humanos: el uso excesivo de la fuerza, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y del carro lanza-aguas, usar golpes cuando no es necesario, muchas veces afectando a las personas que se están manifestando pacíficamente.

El 2015 el Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre la relación entre derechos humanos y jóvenes, que afirmaba que el uso excesivo de la fuerza y las detenciones masivas eran un mecanismo de represión utilizado por Carabineros, lo que generó una reacción bastante irada de su director general. ¿Cómo anda la autocrítica de la institución, su disposición a revisar procedimientos, mallas y procesos formativos en relación con este tema?

Hace un par de años atrás, Carabineros hizo una revisión de los protocolos, que finalmente, después de mucho intentarlo, se hicieron públicos. También crearon un departamento de derechos humanos, que son pequeñas señales de una intención de hacer algo diferente. Pero la verdad es que en casos como el de Roberto Zambrano, en que se generan críticas a Carabineros frente a este tipo de situaciones, hay una suerte de defensa corporativa que hace que sea difícil poder avanzar. Esto no es un ataque a la institución de Carabineros, nadie está diciendo que no deban hacer su trabajo o que todos los carabineros sean malos, eso sería una caricatura. Estamos hablando de incidentes graves en que agentes del Estado están afectando los derechos de las personas. Es algo que tanto la institución de Carabineros como el Estado en su conjunto debiera estar abordando y que hoy día queda impune o es visto en la Justicia Militar, que tampoco da las garantías de independencia e imparcialidad para que esos hechos sean finalmente sancionados y que va perpetuando que se sigan produciendo.

Amnistía Internacional se encuentra ecabando antecedentes y dando seguimiento al caso de Roberto, para ver de qué manera pueden apoyar.