La presidenta Michelle Bachelet inició la cuenta pública 2016 en el Congreso Nacional, mientras las organizaciones sociales alzaban banderas y pancartas expresando su malestar contra el Gobierno.

Antes de las 9:30 de la mañana, hora fijada para iniciar la ceremonia protocolar en Valparaíso, los manifestantes estaban reunidos en la Plaza de la Victoria para marchar por avenida Pedro Montt en dirección al Congreso.

“Una vez más venimos a poner sobre la mesa nuestras demandas históricas”, aseguraron los asistentes que mantenían, más que expectativas, suspicacias sobre los anuncios que haría la Mandataria.

Mientras los parlamentarios, militares, autoridades religiosas y regionales escuchaban atentos el discurso presidencial, el contingente de Carabineros dispuesto de manera especial para esta ocasión se ocupó, además de contener y luego reprimir al movimiento social, de realizar controles preventivos de identidad a las personas que circulaban por los alrededores del Congreso.

A propósito de los casos de violencia ejercida por funcionarios policiales contra los estudiantes y el testimonio de un dirigente del Instituto Nacional que denunció torturas luego de ser detenido, se esperaban palabras de la Presidenta sobre la revisión del protocolo de carabineros en estos casos. Sin embargo, no hubo ninguna mención al respecto a pesar de los insistentes llamados de los dirigentes estudiantiles al Ejecutivo para asuma la responsabilidad de la situación.

En tanto, el proyecto de la reforma a la Educación Superior ingresará al Congreso el próximo mes, según lo anunciado por la Presidenta, donde se fijarán las reglas permanentes de la gratuidad y la manera en que aumentará la cobertura de este beneficio. El próximo año serán incluidos los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT) sin fines de lucro y acreditados por cuatro años para los estudiantes de los primeros cinco deciles. Mientras, en 2018 se ampliaría este margen hasta el sexto decil.

Anuncios que la titular de esa cartera, Adriana Delpiano, dio en parte a conocer hace algunas semanas y que para los estudiantes no aportan a la discusión de fondo, que busca transformar el sistema educativo y eliminar de raíz el lucro en las instituciones de educación superior.

Para Andrés Arce integrante del Movimiento por la Unidad Docente (MUD) debió haber una definición más clara respecto de la educación pública como un modelo de país y no sólo como un cambio de gestión educativa. “Estamos viviendo una coyuntura de cambios importantes en educación, pero claramente falta un cambio de paradigma educativo. De lo contrario, seguiremos avalando el mercado de la educación”, precisó.

Por su parte, Carlos Soto vocero de la Organización de Padres y Apoderados Movilizados (OPAM), cuestionó la cohesión del gobierno respecto a esta materia: “No puede ser que la Presidenta haga anuncios que teóricamente estén recogiendo las demandas del movimiento estudiantil, mientras parlamentarios de su propia coalición presentan un proyecto para mantener el lucro o ‘transparentarlo’ como han dicho de manera muy hipócrita”.

La Jefa de Estado enfatizó en el crecimiento económico y en los planes de inversión necesarios para el país. Los gremios de salud aseguraron que era esperable anteponer estas materias en vez de priorizar, por ejemplo, la salud pública.

“Lo mismo de siempre: más y más construcciones de consultorios y hospitales”, dijo Esteban Maturana, presidente de la Federación de Funcionarios de la Salid Municipalizada (CONFUSAM).

De esta manera, insistió en que “la crisis en la salud se va a mantener y las personas seguirán esperando sus atenciones. En consecuencia, este Gobierno no se caracterizará precisamente en ser un tremendo actor en salud. Al menos necesitamos que se incremente el gasto del 1,6 por ciento actual al 3 por ciento del PIB porque Chile es uno de los países que más bajo aporte hace en salud”.

Dada la situación que afecta al sur del país y que mantuvo movilizados por más de dos semanas a los pescadores artesanales por la marea roja, la presidenta de recolectoras de orilla Mar Azul de Huape de Corral, Rebeca Maripane, dijo que las malas condiciones laborales son extensivas a todos los trabajadores del mar y que el acuerdo pactado con Gobierno no incluyó este punto.

“Venimos a dar esta lucha porque la situación de la industria salmonera nos perjudica a todos. Nosotras no hemos podido vender nuestros productos en los mercados de la zona y necesitamos que las autoridades nos escuchen”, sostuvo la dirigenta.

La dirigenta de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, Andha Chile, y ex candidata presidencial, Roxana Miranda, manifestó su disgusto porque les denegaron, antes de iniciar el discurso presidencial, la entrega de un documento a la comisión de Justicia. Una instancia a la que han acudido dado que la ministra de Vivienda Paulina Saball no los ha recibido, según indicaron.

“Por viviendas de 4 millones 900 mil pesos la gente termina pagando 60 millones de pesos. Es una brutalidad. Estamos a la espera que el Ministerio de Vivienda transparente un documento donde vendría una solución habitacional para 13 mil familias”, señaló.

La movilización finalizó con graves incidentes luego de enfrentamientos entre encapuchados y carabineros. Eduardo Lara, guardia municipal, falleció asfixiado a causa de un incendio producido en medio de estos hechos.

La situación fue repudiada por las autoridades y los dirigentes sociales quienes insistieron en que son grupos minoritarios que distorsionan  el sentido de la manifestación. La presidenta de la Feusach Marta Matamala condenó el hecho a través de redes sociales y precisó que “el asesinar a trabajadores no ayuda ni es parte de lo que queremos para nuestro Pueblo”.

Una situación de violencia que se reitera dado que hace un año el estudiante de la Facultad de Letras de la Universidad Católica Rodrigo Avilés sufrió lesiones graves  por parte carabineros que lo mantuvieron internado en riesgo vital.