Después de tres años de audiencias, este viernes en Buenos Aires se conocerá el veredicto por el Plan Cóndor. Se trata de la primera vez que se juzga en la región esta operación como una asociación ilícita.

El debate que comenzó hace tres años probó la existencia de una asociación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, para perseguir a ciudadanos en cualquiera de esos países.

Para Haydée Oberreuter, encargada de investigación y memoria en la Corporación de Familiares de Ex Prisioneros Políticos, se trata de una señal importante para los países de la región.

“Sin duda me parece fundamental que alguna vez algún Estado de los involucrados en esta nefasta historia ponga coto o pretenda empezar a buscar verdad. Esto es la expresión más clara de lo que fue la imposición del modelo ideológico de las dictaduras, de la doctrina de seguridad nacional”, afirmó.

Haydée recordó que el Estado de Chile es fundador en esta iniciativa porque “fue el propio Manuel Contreras quien denominó a esta operación: Cóndor”. Al respecto dijo que fue “gracias a los contactos que obtuvo de la formación que recibió en la Escuela de las Américas que se vinculó con gente de Paraguay y Argentina creando una suerte de globalización del terrorismo de Estado”.

Además criticó que, en la propia comisión Valech, el Estado de Chile dejó al margen a quienes fueron objeto de prisión política y tortura en la Operación Cóndor, al limitar la calificación a quienes fueron detenidos en territorio nacional.

“Sin embargo, hay personas que fueron detenidas, chilenos que fueron detenidos en Argentina y luego asesinados en Paraguay y no por eso dejaron de ser chilenos objetos de prisión política y tortura. De la misma manera que se trasladó a prisioneros desde Chile hacia otros lugares para ser torturados, interrogados, exterminados. Esta omisión severa, acotando el número de víctimas, da cuenta de que toda la lógica de reparación ha operado con el criterio de un banco más que un Estado que busca reparar”, aseguró.

Haydée Oberreuter criticó que “la autoridad política en Chile ya le ha sacado todo el provecho internacional que le era posible al tema de derechos humanos, mostrándose como un Estado ejemplar en materia reparatoria”, lo cual a su juicio dista mucho de la realidad.

La mayor parte de las ejecuciones o secuestros realizados por la operación Cóndor fueron cometidos en Argentina, donde vivían como refugiados numerosos uruguayos, chilenos y paraguayos que huyeron de sus países.

Este viernes serán 18 personas en el banquillo de los acusados, todos miembros del Ejército, entre ellos 17 argentinos y un uruguayo.