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Año XII, 5 de junio de 2020

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Operación Cóndor: Los archivos del dolor que condenan a Latinoamérica

La coordinación de las dictaduras de Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay, durante las décadas de los ’70 y ’80, permitió dar vida a una de los operativos más sangrientos, llamado Operación Cóndor, el que aún tiene juicios pendientes y militantes de izquierda cuyo paradero se desconoce.

Sandra Trafilaf

  Domingo 12 de octubre 2014 12:00 hrs. 





Resulta difícil comprender cómo dictaduras latinoamericanas con posiciones nacionalistas tan duras y disputas profundas por límites fronterizos en la década de los ’70 y luego en los ’80, lograron armar un acuerdo de cooperación para convertir una parte del continente en un solo campo de exterminio, en un gran cuartel de torturas y tener una vía expedita para el traspaso de información  y detenidos.

Solo se logra entender a la luz del macabro descubrimiento de documentos oficiales en Paraguay, llamados los “archivos del terror” que consignan la Operación Cóndor como una estrategia de inteligencia digitada desde Estados Unidos. El Cóndor sobrevoló América Latina y bajo sus garras, cientos de luchadores sociales de distintas nacionalidades fueron torturados, asesinados y hechos desaparecer.

Chile ostenta el triste mérito de ser el impulsor de la idea. El hallazgo de la invitación cursada por el jefe de la DINA, Manuel Contreras a sus pares latinoamericanos para asistir a la reunión inaugural “secreta” realizada en Chile en noviembre de 1975, es uno de los documentos que permitieron armar el rompecabezas.

Los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth en Buenos Aires, del ex canciller Orlando Letelier en Estados Unidos, de  Bernardo Leighton en Italia y los intentos de secuestro de integrantes del MIR en España, son una muestra de cómo operó esta alianza, develada en 1992 cuando el juez paraguayo José Agustín Fernández junto al ex prisionero Martín Almada encontraron los documentos en un recinto policial.

El premio Nobel de la Paz Alternativo, ex prisionero político paraguayo, Martín Almada, relató que rápidamente un contingente de Estados Unidos llegó para eliminar los rastros del hallazgo que contenían más de mil archivos en los que se documentó la represión en Paraguay, sin embargo olvidaron los informes de la Operación Cóndor.

“El título que puso (Augusto) Pinochet era Servicio de Inteligencia, pero ahí estaban las firmas de los países integrantes de Cóndor, por ejemplo por Paraguay firmó el general Benito Guanes Serrano, por Argentina firmó un capitán de Navío, Jorge A. Casas, por Chile firmó el general Contreras, por Uruguay firmó un capitán de Navío de apellido Pons, eran seis países y Brasil no firmó”.

Almada explicó que Brasil se negó a firmar en el acto inaugural, porque estaba en contra de la cooperación, sin embrago al año siguiente se suma a la alianza.

El diseño estratégico tenía solo un objetivo, infundir el terror para terminar con el avance de organizaciones de izquierda. Según Almada el Cóndor tuvo dos velocidades, una lenta para Brasil, Paraguay y Bolivia; y otra rápida para Argentina, Chile y Uruguay.

El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Shulman, explicó cómo su organización abrió el juicio a militares extranjeros, a través del caso de una joven militante de las Juventudes Comunistas de Chile, Cristina Carreño, cuyo cuerpo fue encontrado hace pocos años.

Shulman explicó que parte de los documentos encontrados en Paraguay permitieron abrir un juicio en su país y hoy sigue esperando que se haga justicia, con cientos de militantes de izquierda que llegaron a Argentina huyendo de sus respectivas dictaduras y terminaron en manos de este operativo internacional.

“En esos documentos que fueron entregados al Tribunal Oral hay pedidos de la Cancillería de Argentina a Chile, de Chile a Paraguay, de Paraguay a Argentina, intercambio de información entre las Cancillerías avisando va fulano para allá, verdaderos remitos recibían tantos presos un uruguayo, dos chilenos, tres paraguayos, cuatro argentinos y todo eso por primera vez es entregado al tribunal oral que está siguiendo el juicio en la Argentina”.

En Chile, la abogada defensora de Derechos Humanos, Carmen Hertz, planteó que estos crímenes no solo afectaron el corazón de las familias directas, sino que marcaron a toda la sociedad y la impunidad que aún existe genera incertidumbre, desestabilidad y desconfianza contra un Estado que no ha sido capaz de cerrar esta herida.

“Sabemos que comienzan reuniones ya el año 74 e incluso el asesinato del general Prats junto con su mujer, en septiembre de 1974 en Buenos Aires se hace ya en el marco de la Operación Cóndor. Esto es la impunidad que ha quedado como un hecho, que a mi juicio, afecta no solo a las víctimas de la Operación Cóndor sino a las sociedades a las cuales las víctimas pertenecieron”.

En la actualidad, los juicios siguen en los respectivos países un destino parecido, ha sido imposible establecer sanciones y condenas a toda la cadena de mando de los militares. La impunidad se impuso para los Estados que concertaron este genocidio.

En tanto, la justicia italiana tiene pendiente su decisión respecto de 33 integrantes de las Juntas militares y servicios de seguridad que hicieron desaparecer a 23 ciudadanos italianos entre 1970 y 1980.

Entre los acusados chilenos se repiten nombres de conocidos criminales como Manuel Contreras, Sergio Arellano Stark, el brigadier Pedro Espinoza y el ex prefecto de la Policía de investigaciones Daniel Aguirre Mora, que forman parte de este proceso junto a 16 uruguayos, dos bolivianos, entre ellos el ex presidente Luis García Meza y cuatro peruanos, entre los cuales está el militar y ex presidente de Perú Francisco Morales Bermúdez.