En marzo pasado el Consejo de Europa alcanzó un acuerdo con el gobierno turco para detener el flujo de solicitantes de asilo que llegan a Grecia provenientes de Turquía. El acuerdo, polémico y de compleja implementación, se basa en cuatro pilares. Primero, la entrega de 6.000 millones de Euros en concepto de ayuda humanitaria para los 3.1 millones de refugiados sirios y de otros países en guerra que han llegado desde 2012 a ese país. Segundo, el intercambio de un refugiado sirio en Europa hasta un tope de 72.000 por cada inmigrante ilegal que Turquía intercepte en el Mar Egeo. Tercero, la apertura de las fronteras de la EU a los ciudadanos turcos, que ya no precisarían visas. Cuarto, volver a las negociaciones con Europa para que Turquía sea miembro de la Unión.

Muchos detalles quedan por acordarse. Turquía ya está presionando a la EU para que esa cifra sea entregada a su gobierno y no sea canalizada a través de agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales. A la vez, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan está apurando a Bruselas para que el acuerdo sobre eliminar el visado de entrada se agilice. Entre tanto, la mayor parte de los países miembros de la UE se resisten a recibir las cuotas de refugiados que la Presidencia de la Unión les adjudicó.
El gobierno de Erdogan también quiere que Estados Unidos y Europa establezcan una zona de exclusión aérea en el Norte de Siria. Esto le permitiría enviar de vuelta a ese país a cientos de miles de refugiados, ganar influencia perdida en Siria, y continuar el apoyo a grupos armados que luchan contra Bashar al Assad.

El flujo de refugiados desde Turquía a Grecia ha descendido. Igualmente se les ha cerrado el paso por la llamada ruta balcánica (que parte de Grecia y sube por Macedonia, Serbia, Croacia, Eslovenia, Austria hasta Alemania). Esto, sin embargo, incrementa el flujo por otras peligrosas rutas, por ejemplo desde Libia hacia Italia, Malta y España, o a través del Cáucaso y Ucrania.

La EU ha recibido duras críticas por el acuerdo con Turquía. ACNUR considera que puede violar la Convención de Ginebra de 1951 y Amnistía Internacional denuncia que las autoridades turcas están devolviendo a ciudadanos sirios que buscan asilo.

Falta de asistencia

En 2011 llegaron 857.000 refugiados, la mayor parte sirios, desde Turquía a Grecia. En 2016 han arribado a Grecia aproximadamente 157.000. La situación en los dos países es muy grave. En Turquía se contabilizan 280.000 refugiados alojados en 28 campos, pero el resto viven sin asistencia en diversas partes del país. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que el 75% de los niños sirios refugiados no están recibiendo escolarización.

La Unión Europea ha desembolsado ya 50 millones de Euros para asistir a los refugiados en Turquía. Esos fondos se canalizan a través de organizaciones internacionales, como la Organización Internacional de Migraciones (OIM). El presidente turco criticó el fin de semana pasada a Europa por no acoger a más refugiados sirios.

De hecho, desde que se firmó el acuerdo con Turquía sólo 177 sirios han sido aceptados en Europa. La expectativa turca es que Europa acoja medio millón de refugiados sirios en un período de dos años.

El acuerdo, aunque se implemente, se quedará corto frente a la realidad del número de personas que tratarán de llegar a Europa. En tanto que continúen las guerras en Siria y Afganistán, y la violencia y desintegración del Estado en Iraq y Libia, además de otras crisis en África Subsahariana el número de refugiados continuará creciendo.

Sentido de la oportunidad

Mientras Ankara y Bruselas pugnan por implementar este acuerdo dos gobiernos africanos están explorando si pueden obtener acuerdos similares a los de Turquía. La idea es presionar a la UE para que pague por frenar a decenas de miles de refugiados que se alojan en campos de refugiados en Kenia y Níger. Para mostrar su decisión, Karanja Kibicho, ministro para seguridad interior de Kenia anunció la semana pasada, a través de un artículo publicado en Londres, que cerrará el campo de refugiados de Dadaab, donde se alojan en muy difíciles condiciones entre 400.000 y 600.000 refugiados, la mayor parte proveniente de Somalia.

Por su parte, Níger exige 1.400 millones de Euros de la UE para frenar a inmigrantes y refugiados que avanzan hacia Libia, para desde ahí tratar de alcanzar Europa. Hace una década el coronel Muamar Gadafi hizo un acuerdo similar con la EU para que Libia sirviese de filtro ante la inmigración proveniente de África sub-sahariana. Paradójicamente, la caída de Gadafi ha convertido a Libia en un puerto de salida hacia Europa de miles de personas desesperadas.

Según el Ministro keniata la decisión se basa en la infiltración del grupo terrorista somalí al-Shabab en el campo de refugiados, y la falta de ayuda de la comunidad internacional para los campos de refugiados en Kenia, y la disposición europea para negociar con Turquía debido a la proximidad. Pero el investigador Ben Lawrence, autor del libro City of Thorns: nine lives in the world´s largest refugee camp, considera que si bien es cierto que todos los campos de refugiados del mundo sufren falta de apoyo económico, el interés de Kenia o Níger no es humanitario sino económico: tratar de sacar partido de la crisis, y el miedo de Europa, de los refugiados.

De hecho, Lawrence denuncia que el gobierno de Kenia está poniendo fuertes limitaciones a los somalíes que intentan entrar en Kenia y las fuerzas armadas de este país han estado colaborando en negocios corruptos con al-Shabab. El anuncio de Kenia estaría orientado a obtener beneficios y favores de Europa a cambio de continuar manteniendo Dadaab abierto.

Un mundo en movimiento

La crisis global de los refugiados está generando por parte de una serie de Estados, y en este caso la EU, respuestas contrarias a los acuerdos internacionales firmados y ratificados. El movimiento masivo de personas solicitantes de asilo y refugio es un fenómeno global, acentuado en algunas zonas del sistema internacional pero con crecientes ramificaciones geográficas. La gente desesperada viaja durante años tratando de llegar a Europa, Estados Unidos y otros polos de atracción. Con la certeza de que en sus países sus vidas corren serio peligro y que no hay ninguna oportunidad de vivir en libertad y tener una vida digna se lanzan a viajes en los que muchos sufren robos, secuestros, coerciones y violaciones.

Los países a los que intentan llegar instrumentan medidas diversas tanto para frenarlos directamente como para no resultar atractivos. Australia no les permite tocar sus costas y los confina en tres islas del Océano Pacífico (Christmas, la república de Nauru y la isla de Manus, bajo la jurisdicción de Papúa Nueva Guinea), en condiciones brutales.

Los botes con refugiados son interceptados y conducidos a Vietnam, Indonesia y Sri Lanka. En algunos casos el gobierno australiano ha pagado a los capitanes de barcos con inmigrantes para que se vayan hacia otro destino.

La EU ha discutido destruir mediante la fuerza las barcas de los traficantes de personas que salen de Libia y Turquía. La OTAN está colaborando en tareas de interdicción. En la frontera entre Macedonia y Grecia los combaten con armas antidisturbios. España ha levantado vallas electrónicas en los territorios españoles de Ceuta y Melilla situados en el Norte de África.

Otros países europeos erigen vallas temporales, limitan el derecho de libre circulación (por ejemplo, Austria con Italia), y amenazan con construir muros. El parlamento danés ha aprobado una ley que confisca los bienes de los refugiados por encima de 1.340 Euros. La explicación es que si el Estado les va a dar asistencia deben equipararse con el grupo de los ciudadanos de menos recursos. En algunos municipios de Suiza y Alemania se están implementando regulaciones similares.
Dentro de la Unión Europea llueven las acusaciones entre estados, a unos por permitir el paso de los refugiados que quieren llegar a Alemania y Suecia, los dos países que hasta ahora han tenido las políticas más abiertas de concesión de refugio. A otros por no contar con la infraestructura para recibir, registrar y asistir a los que llegan.

Las sociedades receptoras o potencialmente receptoras se encuentran polarizadas. Por un lado están los sectores dispuestos a recibir a los refugiados en sus ciudades y hasta sus hogares en nombre de razones humanitarias. Una encuesta reciente organizada por Amnistía Internacional muestra un alto grado de aceptación solidaria en muchos países donde los gobiernos están cerrando las puertas.

“Estos números hablan por sí solos”, indica el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty. Y añade: “La gente está dispuesta a dar la bienvenida a las personas refugiadas; las inhumanas respuestas de los gobiernos a la crisis de refugiados no tienen prácticamente nada que ver con las opiniones de la ciudadanía de sus países. El Índice de Bienvenida a los Refugiados pone al descubierto la vergonzosa manera en que los gobiernos han jugado con la vida de personas que huyen de la guerra y la represión adoptando políticas a corto plazo”.

Por otro lado, están los que les rechazan alegando que no hay capacidad económica ni infraestructura para absorber, en el caso de Europa, uno o dos millones de refugiados. Asimismo, que entre los que llegan puede haber militantes del Estado Islámico (EI). Más aún, se afirma que la presencia masiva de musulmanes cambiará la identidad de la sociedad europea. En las elecciones en Austria días pasados la ultraderecha, que logró casi el 50% de los votos, utilizó estos argumentos.

Igualmente en Gran Bretaña el debate sobre permanecer o salir de la EU se ve fuertemente influido por la posibilidad de que los turcos tengan entrada libre en Europa.

El debate sobre los refugiados está presente en la Cumbre Humanitaria de Naciones Unidas que se realizó en Estambul los pasados 23 y 24 de mayo. Diversas organizaciones humanitarias, como Médicos sin Fronteras, consideran que la comunidad internacional no está cumpliendo sus obligaciones frente a 125 millones de personas que precisan ayuda de emergencia y 60 millones de refugiados. A la falta de financiación se une la creciente falta de respeto por los principios y acuerdos humanitarios.

En este marco, aumenta la tendencia a traficar con la vida de las víctimas. Unos les venden viajes en barcas que se hunden; otros más elegantes les mandan de vuelta a países inseguros o subcontratan países para que alojen en campos, una medida que suma la inmoralidad a la ineficacia.