El 28 de diciembre de 1975, seis dictaduras latinoamericanas eligieron Santiago de Chile para firmar un pacto. Plan Cóndor tendría por nombre ese acuerdo que incluía intercambiar información y complicidad para ejecutar secuestros y asesinatos a disidentes políticos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y, por supuesto, Chile. Otros rincones del Cono Sur también se sumaron ocasionalmente a esta lista, entre ellos Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En esos años oscuros transcurridos en las décadas de 1970 y 1980, las organizaciones clandestinas apoyadas por Estados Unidos fueron parte del terrorismo de Estado que torturó, asesinó y desapareció a decenas de miles de personas. La información que detalla el espanto está reunida en los llamados “Archivos del Terror”, encontrados en Paraguay y donde las cifras que allí se registran han confirmado las sospechas del macabro alcance que tuvo la operación.

Hace justo una semana, Argentina pudo inscribir como triunfo nacional el convertirse en el primer país en condenar formalmente a los jerarcas del Plan Cóndor. Fue en 1999 cuando comenzó el camino judicial que con 105 víctimas y 18 imputados avanzó hasta conseguir que un tribunal federal condenara por “asociación ilícita en el marco del Plan Cóndor” a los principales responsables.

No es la primera vez que Argentina da lecciones en materia de justicia. En 2013 el ex dictador argentino, Jorge Rafael Videla, falleció con 87 años en una cárcel ubicada en una localidad de Buenos Aires, donde cumplía la pena de cadena perpetua por delitos de lesa humanidad perpetrados durante  su régimen militar entre 1976 y 1981.

A este lado de la cordillera, el dictador Augusto Pinochet murió en una cama tibia del Hospital Militar, rodeado de seres queridos. Había burlado la justicia al continuar como jefe del ejército hasta 1998, dándose el lujo de dejar ese cargo y convertirse en senador vitalicio, un cargo designado y antidemocrático, para no perder la costumbre. Tuvo que ser la justicia extranjera la que intentó, sin éxito, juzgarlo en Londres.

Ante cómplices y testigos que guardan silencio y un Estado que no compensa, desde la sociedad civil, la misma que fue la principal víctima de la dictadura, han surgido respuestas precisas, dignas y estoicas.

Cecilia González forma parte de la Comisión Funa, un grupo de amigos y familiares de víctimas de la dictadura que desde el anonimato y en un trabajo colectivo no claudican ante la injusticia. «Yo creo que en este país la funa nace a partir del dolor, de la rabia y de la impunidad. Organizaciones de Derechos Humanos, hijos de ejecutados y detenidos desaparecidos y ex presos políticos, toman la determinación cierta de que si no hay justicia, va haber funa. Y se toma la funa como un instrumento de denuncia», dice González.

La palabra funa viene del mapudungun y significa «sacar a la luz lo podrido». Cada mes, el grupo que compone la Comisión Funa publica a través de redes sociales la fecha en que se realizará la próxima acción de denuncia contra los violadores de Derechos Humanos. Y aunque este ejercicio de memoria y justicia ciudadana también se realiza en Argentina de la mano de la Agrupación de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), la versión chilena no sólo se diferencia por llevar un nombre con raíz mapuche.

Apenas un par de días antes de la fecha indicada, la Comisión Funa publica el lugar donde pondrán en evidencia a quien fuera un torturador o tal val un asesino. Hasta allí y tras revisar exhaustiva y minuciosamente la información, antecedentes y pruebas, el núcleo fijo se instala con lienzos y afiches que contienen el perfil del victimario. Junto a las decenas de personas que llegan a cada funa, leen al unísono la declaración donde se indican los datos personales del “funado”, los de su víctima y el contexto en que ocurrió el crimen. Están convencidos que, mientras la justicia siga ausente, la deuda histórica no se paga ni con pensiones ni acuerdos extrajudiciales. Para ellos, no existen casos emblemáticos. Para la Comisión,  cada una de las víctimas merece justicia igualitaria.

Juan Saravia es otro de los miembros de la Comisión y para él, el Estado no solo está lejos aún de remediar el pasado, sino que sigue colaborando para proteger a los victimarios. Saravia considera que el informe Valech es un ejemplo de ese respaldo, pues resguarda por 50 años la identidad de los torturadores y da «unas migajas, unas pensiones bajísimas a los ex presos políticos».

Saravia aspira a algo que parece una contradicción: Que la Comisión deje de existir. «Nosotros no deberíamos existir. Nosotros existimos por la inoperancia, porque no hay voluntad política. Nosotros existimos porque en Chile se siguen violando los Derechos Humanos».

Las comparaciones parecen inevitables. Esta es una semana histórica no solo para este continente marcado por un pasado común de llanto, cárcel y despedidas forzadas. También son días inolvidables en el continente africano. Hace apenas cuatro días Hissène Habré, ex dictador de Chad, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal especial creado por Senegal y la Unión Africana.

La imagen del tirano ataviado en una túnica blanca que solo dejaba ver sus ojos recorría el mundo, mientras mujeres que fueron sus víctimas gritaban emocionadas: «Viva la justicia!». Una frase que como chilenos nos parece ajena. Imposible.

Y aunque han pasado 26 años desde que Habré dejó el poder, este proceso se instala como un hito, pues es la primera vez que un ex dirigente de un Estado africano es juzgado por un tribunal de un país del mismo continente. Además, es la primera vez que un tribunal africano se basa en la “jurisdicción universal” para perseguir graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en el extranjero, aun cuando no hay víctimas de ese país involucradas.

Por eso todos lo celebraron. Hechos históricos que marcan precedentes y llegan hasta este rincón del mundo como un mensaje tardío de esperanza. Como un ejemplo que invita a no rendirse y a mantenerse firme en esa carrera cuya meta cada vez se ve más lejana.

Reed Brody, asesor de la ONG Human Rights Watch ha trabajado con las víctimas desde 1999. No disimuló la alegría que significa este triunfo y aseguró que este juicio ha demostrado que víctimas y activistas con tenacidad y perseverancia pueden crear las condiciones políticas para llevar su dictador a la justicia.

Cecilia González ansia exclamar un grito como el de sus pares africanas, pero los mismos 26 años post dictadura chilena están lejos de alcanzar esa satisfaccion. «A mi me parece aberrante pero la justicia depende también de lo que pasa con los gobiernos de turno. Nosotros hemos tenido gobiernos que siguen actuando en medida de lo posible. Esa frase que caló hondo en los luchadores de derechos humanos», se lamenta González.

Aunque por el momento el pago sólo es simbólico, la comisión sigue firme en su compromiso con la verdad. Su porfía no es caprichosa y se sostiene en la convicción de que con condenas ejemplares la Historia no osarâ en repetir episodios tan oscuros y de tiranía. Repiten, sin dudas ni miedo: Si no hay justicia, hay funa.