Un grupo de decenas de estudiantes se reunió fuera de Casa Central en la tarde del jueves 2 de junio con un lienzo, cuando la lluvia ya iniciaba sobre la capital, pero no lo hacían a modo de protesta, sino para apoyar una de las iniciativas que sería votada en el Senado Universitario. Se trata de la modificación al reglamento estudiantil, documento que rige el comportamiento y la buena conducta por parte de los alumnos de la Casa de Bello, en pos de sancionar el acoso y la discriminación.

Tras la presentación de la propuesta de modificación al reglamento de estudiantes por parte de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh) y senadora universitaria, Camila Rojas, en conjunto con otros doce senadores de la instancia, incluyendo el Rector Ennio Vivaldi, se aprobó en sesión plenaria el cambio a esta normativa, en un trabajo que también incluyó a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC), a la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Dirección Jurídica de la Universidad.

Para la presidenta de la Fech, este “es un primer paso para dar tratamiento a la gran cantidad de casos de acoso sexual que ha habido en la Universidad, algo que sabemos que no ocurre sólo en la Chile, sino que pasa en más lugares. Que la U. de Chile entregue una respuesta puede servir como referente para otras instituciones educativas ante esto que ha estado tan invisibilizado por años”.

En concreto, la modificación consiste en legislar en torno al deber de los y las estudiantes de no incurrir en prácticas de acoso sexual ni discriminación arbitraria respecto de la comunidad universitaria en su máxima extensión, al igual que incorporar a la VAEC como garante de la prevención de estos casos. Además, por primera vez se “feminiza” el texto de un reglamento universitario, y se tipifican las figuras de acoso sexual y de discriminación arbitraria, basado en los textos del Código del Trabajo y la Ley Zamudio, respectivamente.

Para Camila Rojas, además de la modificación al reglamento estudiantil, “hay una serie de otros pasos que estamos decidiendo tomar y lo que hemos hecho es trabajar con la VAEC y la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, con ayuda de la Dirección Jurídica y asesoramiento del abogado del Senado Universitario”, principalmente porque tras esta aprobación se hace necesaria la formación de fiscales para los posibles sumarios, definir las sanciones, y también realizar un trabajo en torno a la prevención y apoyo a los y las miembros de la comunidad afectados.

Para la directora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, Carmen Andrade, esto es un primer paso porque “lo que nosotros aspiramos es a una política integral que por una parte prevenga el acoso, que por otra parte permita investigar de manera ágil, acuciosa, dando garantías tanto a las víctimas como a quienes son acusados, y también permita informar y sensibilizar a toda la comunidad universitaria”. Una de las modificaciones implica, precisamente, que esta última no sólo incluirá a trabajadores de planta o contrata, sino que también los que están a honorarios, o incluso quienes laboran en una ocasión específica, extendiendo la noción de lo que es ser parte de la comunidad universitaria, y “ahí nosotros nos hicimos la pregunta de quiénes componen esa comunidad, erradicando esa idea de que hay miembros de la comunidad que son de categorías distintas”.

Andrade reconoce la relevancia del trabajo mancomunado y la posibilidad de generar cambios usando la institucionalidad ya existente, porque “todo el trabajo que hacemos en la Oficina es triestamental. Hay una comisión donde está la Fech, académicas, funcionarias, y esto continuó como estilo de trabajo que dio pie a esta modificación reglamentaria. Eso le da mucha más fuerza y legitimidad y permite construir redes en la Universidad porque estos son problemas comunes. A nosotros nos ha tocado atender a víctimas de acoso que son estudiantes, académicas, funcionarias, y los efectos devastadores sobre las personas son independientes del estamento” y por ello, según la directora de la Oficina de Género, “es importante generar un reglamento y una política acorde a estas denuncias y problemas que son secreto a voces no sólo en nuestra institución, sino que nuestro país”.