En su segunda jornada de sesión extraordinaria en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a representantes del Estado colombiano a raíz de su petición de mediar en los procesos de acuerdos de paz, durante la etapa que consideran más compleja, el postconflicto.
Las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) se están desarrollando en La Habana, Cuba, para finalizar con un conflicto que se ha extendido por más de 50 años en ese país.
Sin embargo, este pacto pondría fin al conflicto armado, pero, a juicio de diversas ONG de derechos humanos y las Universidades Públicas, es necesario construir un plan de paz desde las regiones que se han visto más afectadas y no con la visión centralista que ha abordado el Gobierno.
Para el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres el gran desafío apunta a resolver el conflicto enfrentando a los actores que no se han desmovilizado y siguen ejerciendo control del territorio, como en esta zona caribeña.
“Es una zona que siempre ha estado en disputa por el control de los distintos grupos, guerrilleros o paramilitares, por sus particularidades geográficas y su riqueza natural. Ha sido atractivas a estos actores armados ilegales y dado a la misma ausencia del Estado, han surgido nuevas bandas criminales que son actores armados que tratan d controlar el territorio”, indicó.
El embajador de Colombia en Chile, Mauricio Echeverri, valoró el avance que han tenido las negociaciones en La Habana, que se han extendido por tres años. Sin embargo, advirtió que es un proceso largo y costoso donde el Estado debe comprometerse a mantener los acuerdos en el tiempo.
Además, agregó que para sobrellevar el postconflicto se han coordinado diferentes áreas donde, a juicio de las autoridades, habrá que intervenir posteriormente a la firma del acuerdo.
“Muy probablemente vendrá una fase aún más compleja que es el postconflicto. Nos hemos venido preparando desde hace varios meses, al punto que el Gobierno nacional constituyó una agencia con estatuto de ministerio que coordina todas las diferentes áreas en las que habrá de intervenir, luego del acordado este proceso de paz”, precisó.
Sin embargo, para Mónica Fonseca, directora de Derechos Humanos de la Cancillería colombiana, todas las iniciativas que se plantean desde Estado deberán ser aterrizadas a nivel territorial. Incluso, será necesaria la divulgación de estos procesos en las comunidades indígenas y campesinas más apartadas.
Sobre la reunión que sostendrá en Ecuador el Mandatario colombiano con los representantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, segunda guerrilla activa del país, y que aún no tiene fecha programada, la autoridad dijo esperar que el encuentro vaya en la línea de consolidar la paz duradera en el país.
A fines de marzo se anunció sobre el diálogo formal entre el gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, ha habido desacuerdos respecto de la entrega de personas secuestradas que, según el gobierno son once, y que es una condición innegociable dentro de la discusión.
De iniciarse esta mesa de negociación, las sesiones tendrían lugar en Ecuador y, también, en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba.
Unión de ex Presos Políticos irrumpe en sesión de la CIDH
Luego de sostener una reunión con el gobierno, integrantes de la Unión de ex Presos Políticos se presentaron ante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sede del Congreso Nacional en Santiago.
El grupo irrumpió en una de las sesiones, desplegando una pancarta ante los comisionados para dar a conocer la huelga de hambre que mantienen, por más de 40 días, seis miembros de la agrupación.
Braulio González, vocero de los manifestantes en Santiago, aseguró que es pertinente exponer la falta de reparación del Estado chileno en materia de derechos humanos ante otras instancias, si el gobierno sigue sin dar una solución efectiva.
“Nos dicen que el gobierno ya propuso un bono a diez años pero sin derecho a salud y educación para los hijos. Por lo mismo, los huelguistas están decididos a seguir ahí. Ellos piensan que si hay que morir ahí, lo van a hacer”, indicó.
Recordemos que los huelguistas solicitan una reparación integral siguiendo las normativas internacionales suscritas por el Estado chileno en cuanto a las violaciones graves a los derechos humanos.
Ambientalistas brasileños reclaman por contaminación de mineras
Organizaciones ambientalistas de Brasil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos graves vulneraciones a los derechos humanos a causa de la actividad minera que se impulsa en el país.
Leticia Olivera, integrante del Movimiento de los Afectados por las Empresas, afirmó que se generan muchos desequilibrios en la vida de las personas cuando una empresa se instala y contamina su entorno.
En ese sentido, expresó que se ha transformado en una práctica común que las empresas inicien proyectos, sin una previa consulta pública.
Los ambientalistas exigieron que a nivel regional se realice una consulta sobre el fin que tendrían los recursos extraídos por estas empresas.
Además, denunciaron las malas condiciones en que se mantienen los trabajadores de la industria siderúrgica, en su mayoría, precisaron, extranjeros.