Se cumple un año desde que Chile firmó la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2015, pacto que garantizaría internacionalmente los derechos de los adultos mayores de los países de la región.

Sin embargo, y a pesar de ser un compromiso en el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el documento aún no llega al Congreso, el que actualmente es requerido por un grupo de parlamentarios para su pronta ratificación.

El diputado y miembro de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, Ramón Farías, sostuvo que a partir de la confirmación en el Congreso de este acuerdo internacional, los adultos mayores tendrán un marco de protección mayor. Por otra parte, añadió que en el panorama de regirse bajo ese acuerdo, esto “obligaría también a que la legislación se construya o se adapte a la convención”.

Para el parlamentario el poco financiamiento del Estado en esta materia podría afectar el cumplimiento de esta normativa en el futuro. “Ningún gobierno le ha otorgado mayor financiamiento a los adultos mayores, a los hogares que acogen a las personas de la tercera edad ni tampoco financiamiento para los servicios a los que deben recurrir como el transporte, por ejemplo. Veo que hay voluntad de palabra, pero en los hechos cuesta que se concrete”.

Según el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), por cada 100 menores de 15 años, en 2022 habrá 103 personas con más de 60 años.

En tanto, la diputada (PS) Daniella Cicardini informó que en la Comisión de Adulto Mayor de la Cámara Baja, se está trabajando en propuestas de legislación para este sector, que podrían verse reforzadas luego de la ratificación de la Convención. “Estamos terminando un proyecto de ley que establece un sistema integral de los derechos y garantías para los adultos mayores. Del retorno de la semana distrital entregaremos este proyecto de ley, muy similar al de las garantías de la infancia, donde se supone que el Estado se hace garante del cuidado de nuestros adultos mayores”.

La antropóloga social y profesora del departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Paulina Osorio, sostiene que es de suma relevancia la concreción del acuerdo de los países miembros de la OEA ya que pasaron alrededor de 33 años para obtener una normativa internacional de esta índole. “Si uno piensa en temas de envejecimiento, solo existía una carta de principios de los derechos de personas mayores. En el año 1982 se creó el plan de acción internacional de envejecimiento, pero estas eran recomendaciones a los gobiernos. La ratificación de este convenio tiene un carácter vinculante, es decir, se traducen en un sustento normativo y tiene un poder legal”.

Además, la antropóloga sostuvo que este documento facilitará la visibilización de los adultos mayores y abrirá un espacio de resignificación de la vejez en el país.

Principales garantías

Según la Convención, los Estados Parte tendrán que adoptar medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.

Además se deberán desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez.

En el plano de las garantías sobre salud y seguridad social, la convención sostiene que la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, además de cobertura de servicios sociales.

Uno de los puntos más conflictivos, dado el panorama actual del sistema de pensiones chileno, es el derecho a la seguridad social. En la Convención se menciona que “los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social”.

Conscientes de envejecer

En la encuesta Casen de 2013 se contabilizaron alrededor de dos millones 800 mil personas mayores de 60 años. La misma medición arrojó que de esta cantidad, un 81 por ciento se considera autovalente.

Sobre este panorama, la antropóloga Paulina Osorio recalca que, a pesar de que la mayoría de la población de tercera edad afirma su autovalencia, en Chile ser viejo se traduce en una carga para la sociedad. “Los viejos ya se transforman en una carga para los hijos, en una carga para el Estado porque se enferman, porque no producen y hay que mantenerlos. En Chile las personas mayores y la vejez aparecen desde la exclusión y la marginación social. Se les invisibiliza como actores activos en la sociedad, que ejercen derechos, y se reafirman como sujetos que requieren de cuidado y por lo tanto personas más frágiles, pasivas, que reciben asistencia y que no tienen algo que aportar”.

Para la profesora del departamento de antropología de la Universidad de Chile, la ratificación de la Convención también contribuiría a resignificar el lugar del adulto mayor. “Lo interesante de la resignificación es que en el espacio que ocupen también puede aportar productivamente, social y económicamente pensando que, dentro de las características del cambio demográfico, está el vivir más años y llegar a la vejez en mejores condiciones de salud. Es necesario que se piense en la vejez como una instancia para aportar desde la trayectoria y el conocimiento”.

La Cuarta Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social realizada por el Senama y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile reveló que el 47 por ciento de los encuestados considera que el país no se está preparando para enfrentar el envejecimiento de la población, un aumento de 11,9 puntos respecto a la encuesta anterior (2013).

La misma consulta reflejó que hay una disminución de la responsabilidad asignada a las políticas públicas para enfrentar la preparación del país ante el envejecimiento poblacional. Sin embargo, aumenta en un 19,2 por ciento la proporción de los encuestados que opina que el bienestar de los adultos mayores es responsabilidad de las familias, alcanzando un 57,5 por ciento. Por último, sólo 4,2 por ciento de los encuestados atribuye a los propios adultos mayores la responsabilidad por su propio bienestar.