La salida del abogado Rodrigo Lledó de la dirección del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha generado incertidumbres respecto del curso de las investigaciones que han tomado los casos de violaciones a los derechos humanos y las acciones judiciales que se han solicitado en el último tiempo.

Se pidió la salida del jefe de esta área, luego que el programa decidiera solicitar el procesamiento el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, en calidad de encubridor de la muerte de quince personas en el regimiento Arica en La Serena, bajo el mando del ex comandante Ariosto Lapostol, en el marco de la Caravana de la Muerte.

En conversación con nuestra emisora, el abogado aseguró que existen antecedentes suficientes para determinar sus responsabilidades en el caso, al menos en calidad de encubridor, y, por lo mismo, era pertinente dar curso el proceso solicitado al ministro de la Corte Suprema a cargo del caso, Mario Carroza.

Recordemos que Cheyre fue ayudante del comandante Lapostol y a la vez jefe subrogante de la Sección Segunda de Inteligencia que llevaba adelante las torturas, no solamente en el regimiento de La Serena sino que en todo el país.

Ante la acción solicitada a principios de junio por esta unidad del Ministerio del Interior, la Corte Suprema no ha dado ninguna respuesta, a pesar que ya habían requerido la declaración de Cheyre para detallar su participación de estos hechos, teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes de la comitiva que participó en estos hechos están condenados en calidad de autor, según precisó el abogado.

“En los distintos episodios de la Caravana de la Muerte, en este caso en La Serena, están algunos implicados como cómplices o encubridores según el grado de participación en los hechos. En el caso de Cheyre, hay pocos antecedentes que lo vinculan como autor y más que lo vinculan como cómplice, pero lo que nos parece que está totalmente acreditado en el proceso es su responsabilidad en calidad de encubridor. Esperaría que el ministro dicte su resolución y así todo el mundo conozca esos antecedentes”, indicó.

Además, esta solicitud no es la primera que se hace respecto del caso y la participación del militar en estos hechos. En 2013, el abogado Cristián Cruz solicitó su procesamiento lo que fue rechazado por la Corte Suprema. Hasta el momento, tampoco se ha pronunciado el Consejo de Defensa del Estado.

El abogado Rodrigo Lledó también comentó sobre el curso judicial en el caso del asesinato de Víctor Jara y del ex director de prisiones, Litre Quiroga, que estaría en la etapa final del juicio, esperando que el Tribunal dicte sentencia a más tardar durante los primeros meses del próximo año.

“En Chile, se finalizó la investigación y está en plenario que es la etapa de juicio en el sistema antiguo. Entonces, esperamos que de aquí a fin de año, o a principios del próximo para no ser tan optimista, exista una sentencia del caso”, precisó.

Sobre el caso Neruda, en tanto, el abogado sostuvo que se mantienen incertezas respecto de los resultados de los últimos análisis realizados en 2015. Un caso que es necesario vincular, aseguró, con la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, porque ambos fueron atendidos en la Clínica Santa María.

“En mayo de 2015 se realizó un peritaje proteómico, es decir de proteínas que reflejó una serie de bacterias asociadas a infecciones urinarias propias de un cáncer de próstata, ahí no hay problemas, pero también se observó una bacteria no asociada a ninguna otra enfermedad: estafilococo dorado. Actualmente, esa bacteria es común encontrarla en infecciones intrahospitalarias, pero en esa época no era conocida”, detalló el abogado.

Lledó recalcó que existen al menos 600 casos de violación a los derechos humanos en los que no se han iniciado acciones judiciales, en la mitad de ellos los familiares nunca presentaron una querella para dar curso a las investigaciones correspondientes.

“Son más de 300 casos donde nunca hubo ni siquiera un proceso penal y 300 casos más donde se efectúo un proceso penal antiguo de Fiscalía Militar, donde se aplicaba la prescripción y la amnistía. Se puede decir que no hubo un esfuerzo serio por investigar estos casos. Entonces, serían 600 casos que estarían pendientes de abordar por el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior”, manifestó.

En el caso del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, la Corte Suprema investiga delitos de asociación ilícita y homicidio calificado, por lo mismo fue citado a participar de una reconstrucción de escena en abril pasado.

La Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos (AFDD) solicitó su procesamiento en calidad de autor por testimonios que dan cuenta de su directa participación en las torturas y apremios ilegítimos a opositores del régimen dictatorial de Augusto Pinochet.

Edecán de la Cámara involucrado en casos de violaciones a los DDHH

Agrupaciones de Derechos Humanos consideraron nefasto que el Edecán de la Cámara de Diputados, Reinel Bocáz, después de tantos años en su cargo, recién ahora se le vincule con delitos de lesa humanidad.

El coronel renunció ayer a su puesto al ser investigado por el asesinato del mirista Óscar Delgado, ocurrido a finales de 1973 en el Estadio Nacional.

El año pasado, el ministro Mario Carroza interrogó por esta causa al ex cabo Luis Alberto Oyarzo y a Bocáz. Sobre este último también el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior había solicitado su procesamiento.

El presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, reconoció que le tomó por sorpresa la situación del Edecán: “El señor edecán en un gesto que reconocemos ha decidido solicitar su desafectación del cargo para dedicarse plenamente a lo que es su defensa ante el tribunal y nosotros hemos aceptado aquello. Su contrato culminaba durante agosto de este año así que se ha facilitado esta solución”.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, no se explica cómo pudo el coronel ostentar el cargo desde 2004 y blanquearse con el sistema democrático.

“Habla muy mal de la democracia y de los derechos humanos porque realmente quiere decir que si hubiese una política de los gobiernos de depuración de las Fuerzas Armadas, no estarían pasando estos victimarios a ser descubiertos en los procesos. Ellos jamás reconocen ni se han arrepentido de los crímenes cometidos”.

Por último, cabe señalar que los edecanes duran dos años en el cargo y pueden ser reelegidos por la Sala de la Cámara. En efecto, después de años de ser reconocidos sus méritos, el reemplazante del coronel Jaime Krauss se vio obligado a dejar sus labores.