Es la primera vez que el fundador del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, irá a juicio en relación al megaescándalo que defraudó a Petrobras durante una década, a un costo de más de 2.000 millones de dólares, para beneficiar a decenas de políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera.

Lula da Silva, de 70 años, dejó la presidencia al final de 2010 con más del 80 por ciento de popularidad, generado por sus programas sociales que sacaron a más de 40 millones de brasileños de la pobreza.

Su carisma fue clave para que Rio de Janeiro fuera escogido en 2009 como la ciudad sede de los Juegos Olímpicos que comenzarán en una semana, pero su legado ha sido ensombrecido por la gigantesca red de corrupción descubierta en Petrobras, a la cual estaban vinculados decenas de políticos de su partido.

Pero ni Lula ni su sucesora Dilma Rousseff, suspendida por el Congreso mientras es juzgada por supuesta manipulación de las cuentas públicas, asistirán a la ceremonia inaugural de los Juegos el 5 de agosto, que será liderada por el presidente interino Michel Temer.

En la misma decisión, el juez federal Ricardo Leite aceptó una denuncia por obstrucción de la justicia contra otras seis personas involucradas en el caso, entre ellas el prominente banquero André Esteves (expresidente del BTG Pactual), el empresario ganadero y amigo de Lula José Carlos Bumlai y el exlíder del PT en el Senado Delcidio do Amaral.

“Cumplidor de la ley” 

Luego de enterarse de que irá a juicio, el ex presidente insistió en su inocencia: “Dudo que haya alguien más cumplidor de la ley que yo. La única cosa que quiero es respeto”, dijo en un seminario en Sao Paulo.

“Lo que hicieron fue venganza política (…) El objetivo de todo esto es sacar a Lula de la campaña de 2018” a la presidencia de Brasil, agregó.

Lula “ya esclareció al procurador general de la República, en una declaración, que jamás interfirió o intentó interferir en testimonios relativos al Lava Jato”, señaló en una nota el estudio Teixeira, Martins & Abogados, que le representa. “Al final su inocencia será ciertamente reconocida”, añadieron.

“La acusación se basa exclusivamente en la delación premiada de un reo confeso y sin credibilidad, que hizo acuerdo con el Ministerio Público Federal para ser transferido a prisión domiciliaria”, explicaron los abogados, en referencia al ex senador Delcidio do Amaral.

En declaraciones a la fiscalía, Amaral afirmó que Lula, Esteves y Bumlai, entre otros, se confabularon para intentar comprar el silencio del ex director del área internacional de Petrobras Nestor Cerveró, que se aprestaba a firmar un acuerdo con la justicia y proporcionar detalles de cómo funcionaba el esquema de sobornos en la estatal.

La prisión de Amaral en noviembre de 2015, cuando todavía era miembro del Congreso, convulsionó a la clase política y en especial al PT, temeroso de las repercusiones de su confesión.

La justicia investiga también si Lula, que como ex presidente no está protegido por fueros, se benefició de pagos de empresas constructoras que obtenían contratos en la petrolera a cambio de sobornos.

El ex mandatario presentó el jueves una demanda ante el Comité de derechos humanos de la ONU en Ginebra para denunciar “abusos de poder” en su contra por parte del juez Sergio Moro, quien lidera la investigación.

Días difíciles para el PT

El juicio contra Lula llega en un momento difícil para su izquierdista PT, golpeado por inmensos escándalos de corrupción y el proceso de destitución de Rousseff en el Congreso.

Rousseff fue suspendida provisoriamente el 12 de mayo, acusada por sus detractores de manejo irregular y maquillaje de las cuentas públicas en 2014 -año de su reelección- y 2015.

El Senado decidirá a fines de agosto, justo después del fin de los Juegos Olímpicos, si Rousseff debe ser apartada definitivamente del cargo y si su vicepresidente y ex aliado la suplantará en la presidencia hasta 2018.