El pasado lunes, el senador Andrés Zaldívar (DC) declaró a la prensa con mucha seguridad: “En ninguna parte del mundo se ha vuelto a un sistema de reparto”. El día anterior, más de 750 mil chilenos en todo el país marcharon junto a sus familias para terminar con el fin del sistema de capitalización individual, terminar con las AFP y adoptar un sistema de pensiones de reparto.

Esta forma de configurar los fondos de pensión se constituye desde un principio solidario de apoyo a los que ya no trabajan, por parte de los que sí lo hacen. El trabajador, el empleador y el Estado aportan una cotización que después permite cobrar una jubilación mínima comprometida de un porcentaje del salario que la persona ganaba antes del retiro.

La idea de implantar esta forma de jubilaciones es duramente resistida por los defensores del sistema actual, en su mayoría empresarios de los grandes grupos económicos del país y políticos ligados a ellos. Sin embargo, las palabras del senador Zaldívar han causado asombro en los expertos, e incluso han sido calificadas de falaces. Se vuelve en ese caso pertinente mirar la experiencia internacional.

El economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman emplazó al parlamentario a entregar datos que respalden su afirmación: “Es muy falaz, y creo que el senador Zaldívar debe hacer un gran mea culpa de decir que ‘ningún país ha vuelto al sistema de reparto’. El senador Zaldívar nos debe informar a toda la población, dado a que es senador y tiene mucha más información que el resto y que diga cuántos países tienen un sistema como el chileno. Entonces, qué países pueden haber tenido la posibilidad de volver a un sistema de reparto, porque en ese caso nos tendría que informar que hay un listado gigantesco de países que su sistema de pensiones se basa fundamentalmente en las cuentas individuales”.

Efectivamente, los países que operan un sistema como el chileno son los menos. De todos ellos, no han sido pocos los que han retornado al sistema de reparto.

Un ejemplo es el de Hungría, que a fines de la década de los noventa impulsó un sistema de capitalización individual paralelo al público de reparto, con el fin de promover el traspaso a los afiliados al modo privado. Pero las promesas de mejores pensiones nunca se cumplieron y el desempeño de los fondos de pensión estuvo lejos de ser el óptimo, en un país que se sumía en una deuda externa que alcanzó el 80 por ciento del valor de su producto interno bruto (PIB).

Una situación similar es la que padeció Polonia, país que actualmente está en proceso de nacionalizar los dineros que antes estuvieron en manos privadas, momentáneamente dejando la opción de elegir el modo, pero restringiendo la incorporación de nuevas personas al sistema de capitalización individual.

Latinoamérica no se queda atrás. Un caso cercano ocurrió en Argentina. En 1993, el gobierno de Carlos Saúl Menem instauró un sistema similar al chileno mediante las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Sin embargo, el bajo rendimiento de los fondos de pensión y los embates de las crisis económica de 2001 y subprime de 2008, impulsaron al primer mandato de Cristina Fernández a nacionalizar el sistema de jubilaciones. Este modelo, además, ofrece una serie de beneficios en salud y bienestar a los pensionados. Un informe del Banco Mundial publicado en 2014 señala que los jubilados argentinos logran recibir en promedio el 77 por ciento de su sueldo al momento de su retiro.

Todos los casos nombrados tienen un denominador común. El mediocre desempeño de las inversiones y ganancias en las pensiones lejos de las prometidas, con un bajo porcentaje de reemplazo, que indica qué proporción de la pensión respecto al sueldo que antes ganaba la persona.

El economista Andrés Solimano señaló a Diario y Radio Universidad de Chile, que los sistemas de pensiones de reparto pueden subsistir siendo ajustados a las realidades de cada país y momento determinados, siendo el modelo chileno es una anomalía mundial. “La seguridad social más privatizada sigue siendo la chilena. En los países desarrollados, serios, maduros, ha prevalecido la sabiduría y ajustan sus sistemas de pensiones. Suiza hizo una reforma muy grande el año 94 creando un mecanismo automático de ajuste, pero no abandonó el sistema de reparto. Entonces, esta discusión en Chile está totalmente distorsionada”.

Solimano agrega que esta distorsión tiene relación con la concepción que le han dado los partidarios de las AFP al sistema de capitalización como el único modo posible y eficaz, demonizando el esquema de reparto.

No obstante, el economista del MIT advierte que el cambio de sistema puede resultar muy complejo, sobre todo considerando la utilización que tienen los dineros de los fondos de pensiones, los cuales no están cumpliendo el fin de asegurar pensiones dignas, sino que prevalece la inversión a empresas privadas de grupos económicos. Las complejidades pasan por una posible resistencia de los empresarios a cambiar el destino de los dineros, lo cual puede alterar la actividad económica y el equilibrio financiero del país, por lo tanto, el cambio requerirá de un proceso negociador importante.

El ex miembro de la Comisión Bravo, Andras Uthoff calificó de catastrófico el modo que se usan estos dineros: “Teniendo invertida tanta plata, de qué sirve haber desarrollado un mercado de capitales, si estamos entregando las pensiones que hoy día son dos cosas totalmente diferentes, porque desarrollar un mercado de capitales era una necesidad. Hacerlo con un sistema de pensiones que da malas pensiones es una catástrofe. El gran esfuerzo para que esto ocurra lo hicimos todos los chilenos. No fueron las AFP, ni el señor (José) Piñera. Lo hicimos todos al pagar el costo de la transición de lo que significó implementar este sistema que nos está dando tan mal resultado.

Los expertos han desmentido planteamientos como el de Andrés Zaldívar, sin embargo, aún no hay una propuesta concreta. Mientras desde el ministerio de Hacienda dicen que no existen los recursos para financiar un sistema de reparto, los entendidos en la materia declaran que la discusión no es de platas, sino de voluntad política.