Duras críticas recibió el Fiscal Nacional Jorge Abbott, luego de que removiera de la investigación del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias, lo que también ha generado que entre los querellantes de este caso se haya acusado al fiscal nacional de haber tomado esta decisión por presiones políticas, realizadas por quienes no quieren que se avance en las indagatorias.
La decisión de la Fiscalía se basó en el incumplimiento del artículo 64 de la Ley orgánica del Ministerio Público, normativa que fue criticada por la Asociación de Fiscales.
Este artículo, que fue modificado recientemente producto de la Agenda Corta Antidelincuencia, señala que los funcionarios “deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación”.
En este sentido, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, indicó que esta normativa es ambigua, a la vez que desinforma y obstaculiza el acceso a la información.“Nosotros creemos que los fiscales tenemos un deber de transparencia, un deber de estar disponibles para contar en definitiva lo que está pasando en nuestras causas y la verdad es que el artículo 64 no cuenta con diligencias concretas”, recalcó.
“Creemos que es una norma que ha sido interpretada, que perjudica la transparencia y que le hace mal al sistema jurídico y a la legitimidad democrática de las instituciones”, agregó.
Por otro lado, el dirigente señaló que en este caso la normativa fue mal interpretada: “El fiscal Arias no dijo nada que no sea público, no dijo nada que no fuese evidente y no dijo nada que perjudique la investigación. De manera tal que sacarlo del caso y más encima anunciar un sumario en su contra nos parece absolutamente excesivo”, agregó.
En tanto, la abogada del fiscal Emiliano Arias, Marisa Navarrete, señaló que la remoción es una señal negativa para futuras investigaciones. Además, recalcó que esta decisión restringe la relación de los fiscales con los medios de comunicación, lo que por ende limita la información ciudadana.“Evidentemente esto es un amedrentamiento para el resto de los fiscales, porque van a verse expuestos a que si ellos van a anunciar, la Fiscalía va a tomar ciertas medidas y podrían ser objetos de un sumario”, explicó.
Asimismo, la jurista comentó que el artículo 64 “no establece limitaciones para declarar a la prensa”.
“Este artículo no establece instrucciones respecto de cuándo se podría vulnerar o cuando se podrían dar declaraciones o qué contenido tendrían que tener éstas. Eso no está arreglado. Acá no estamos hablando de opiniones personales y en la mayoría de los casos en donde los fiscales hablan a la prensa, sólo se refieren a datos que han salido en las mismas audiencias que son públicas e incluso televisadas”, subrayó.
Por último, la abogada cuestionó la independencia del Ministerio Público, señalando que el cambio de fiscales no es buen camino para avanzar en las indagatorias.
Duras críticas recibió el Fiscal Nacional Jorge Abbott, luego de que removiera de la investigación del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias, lo que también ha generado que entre los querellantes de este caso se haya acusado al fiscal nacional de haber tomado esta decisión por presiones políticas, realizadas por quienes no quieren que se avance en las indagatorias.
La decisión de la Fiscalía se basó en el incumplimiento del artículo 64 de la Ley orgánica del Ministerio Público, normativa que fue criticada por la Asociación de Fiscales.
Este artículo, que fue modificado recientemente producto de la Agenda Corta Antidelincuencia, señala que los funcionarios “deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación”.
En este sentido, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, indicó que esta normativa es ambigua, a la vez que desinforma y obstaculiza el acceso a la información.“Nosotros creemos que los fiscales tenemos un deber de transparencia, un deber de estar disponibles para contar en definitiva lo que está pasando en nuestras causas y la verdad es que el artículo 64 no cuenta con diligencias concretas”, recalcó.
“Creemos que es una norma que ha sido interpretada, que perjudica la transparencia y que le hace mal al sistema jurídico y a la legitimidad democrática de las instituciones”, agregó.
Por otro lado, el dirigente señaló que en este caso la normativa fue mal interpretada: “El fiscal Arias no dijo nada que no sea público, no dijo nada que no fuese evidente y no dijo nada que perjudique la investigación. De manera tal que sacarlo del caso y más encima anunciar un sumario en su contra nos parece absolutamente excesivo”, agregó.
En tanto, la abogada del fiscal Emiliano Arias, Marisa Navarrete, señaló que la remoción es una señal negativa para futuras investigaciones. Además, recalcó que esta decisión restringe la relación de los fiscales con los medios de comunicación, lo que por ende limita la información ciudadana.“Evidentemente esto es un amedrentamiento para el resto de los fiscales, porque van a verse expuestos a que si ellos van a anunciar, la Fiscalía va a tomar ciertas medidas y podrían ser objetos de un sumario”, explicó.
Asimismo, la jurista comentó que el artículo 64 “no establece limitaciones para declarar a la prensa”.
“Este artículo no establece instrucciones respecto de cuándo se podría vulnerar o cuando se podrían dar declaraciones o qué contenido tendrían que tener éstas. Eso no está arreglado. Acá no estamos hablando de opiniones personales y en la mayoría de los casos en donde los fiscales hablan a la prensa, sólo se refieren a datos que han salido en las mismas audiencias que son públicas e incluso televisadas”, subrayó.
Por último, la abogada cuestionó la independencia del Ministerio Público, señalando que el cambio de fiscales no es buen camino para avanzar en las indagatorias.
Duras críticas recibió el Fiscal Nacional Jorge Abbott, luego de que removiera de la investigación del caso Corpesca al fiscal Emiliano Arias, lo que también ha generado que entre los querellantes de este caso se haya acusado al fiscal nacional de haber tomado esta decisión por presiones políticas, realizadas por quienes no quieren que se avance en las indagatorias.
La decisión de la Fiscalía se basó en el incumplimiento del artículo 64 de la Ley orgánica del Ministerio Público, normativa que fue criticada por la Asociación de Fiscales.
Este artículo, que fue modificado recientemente producto de la Agenda Corta Antidelincuencia, señala que los funcionarios “deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación”.
En este sentido, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, indicó que esta normativa es ambigua, a la vez que desinforma y obstaculiza el acceso a la información.“Nosotros creemos que los fiscales tenemos un deber de transparencia, un deber de estar disponibles para contar en definitiva lo que está pasando en nuestras causas y la verdad es que el artículo 64 no cuenta con diligencias concretas”, recalcó.
“Creemos que es una norma que ha sido interpretada, que perjudica la transparencia y que le hace mal al sistema jurídico y a la legitimidad democrática de las instituciones”, agregó.
Por otro lado, el dirigente señaló que en este caso la normativa fue mal interpretada: “El fiscal Arias no dijo nada que no sea público, no dijo nada que no fuese evidente y no dijo nada que perjudique la investigación. De manera tal que sacarlo del caso y más encima anunciar un sumario en su contra nos parece absolutamente excesivo”, agregó.
En tanto, la abogada del fiscal Emiliano Arias, Marisa Navarrete, señaló que la remoción es una señal negativa para futuras investigaciones. Además, recalcó que esta decisión restringe la relación de los fiscales con los medios de comunicación, lo que por ende limita la información ciudadana.“Evidentemente esto es un amedrentamiento para el resto de los fiscales, porque van a verse expuestos a que si ellos van a anunciar, la Fiscalía va a tomar ciertas medidas y podrían ser objetos de un sumario”, explicó.
Asimismo, la jurista comentó que el artículo 64 “no establece limitaciones para declarar a la prensa”.
“Este artículo no establece instrucciones respecto de cuándo se podría vulnerar o cuando se podrían dar declaraciones o qué contenido tendrían que tener éstas. Eso no está arreglado. Acá no estamos hablando de opiniones personales y en la mayoría de los casos en donde los fiscales hablan a la prensa, sólo se refieren a datos que han salido en las mismas audiencias que son públicas e incluso televisadas”, subrayó.
Por último, la abogada cuestionó la independencia del Ministerio Público, señalando que el cambio de fiscales no es buen camino para avanzar en las indagatorias.
