El tipo de cambio abrió la semana con una leve alza respecto del viernes pasado (661-662 pesos), tras la caída del precio de la libra de cobre en Londres, la que alcanzó a 2,17 dólares, un 0,4 por ciento menos respecto del aumento que había logrado la semana pasada de 1,7 por ciento.

En un entorno internacional en el que merced a la ralentización de la actividad y consecuente caída de valores de los commodities -entre ellos el metal rojo- exportar bienes y servicios es más exigente y competitivo y, en el que la propia minería chilena, en su conjunto, ha visto reducida su participación en el PIB nacional desde el 16 por ciento en 2010, a poco menos del 8 por ciento en el segundo trimestre de este año, la conversación económica se ha trasladado hacia el ámbito de las acciones de política que el país debiera adoptar para afrontar un par de años en similares condiciones.

En efecto, un espacio económico que, como Chile, traspasó la barrera de los 20 mil dólares per cápita, donde la pobreza ruda de décadas pasadas ha caído desde el 40 a 20 por ciento, la pobreza por ingresos, de 14,4 a 11,7 por ciento, mientras la extrema pobreza está reducida a 3,5 por ciento de la población, la subsecuente expansión de nuevas capas medias -creciendo a un ritmo promedio de 600 mil familias por año- con necesidades distintas y expectativas más exigentes, ha provocado no solo que los actores políticos parezcan perplejos y exánimes frente a las nuevas presiones de demanda social de estos sectores, sino que las propias empresas hayan reaccionado con un pesimismo inconsistente con los valorables resultados de sus decisiones de ajustes, los que, al segundo semestre, les han permitido mostrar utilidades destacables en un entorno regional de bajo crecimiento promedio (1,6 por ciento para 2016, según el FMI) o de franca recesión (Brasil, Argentina).

A pesar que la minería representa hoy en valor, menos del 10 por ciento de la riqueza nacional, siendo esta la principal componente de los ingresos en dólares -moneda indispensable para una economía que vive del circuito import-export, en que, para comprar en el exterior, debe generar divisas con la venta externa de sus productos competitivos-, Chile ha seguido creciendo, aunque, por cierto, a un ritmo inferior al que mostraba con una libra de cobre a 4 dólares.

Ese hecho, empero, muestra una interesante vitalidad que debiera espolear el estado de ánimo de quienes son protagonistas y decisores sobre qué se hace con el 80 por ciento del PIB (sector privado) y, de la clase política, encargada de bien administrar el 20 por ciento restante: es decir, los cerca de 65 mil millones de dólares del Presupuesto Nacional, cuya discusión se inicia la próxima semana.

Entre las varias propuestas para enfrentar los snobs aires de depresión nacional, se ha planteado estimular un alza de la paridad cambiaria -debilitar el peso- llevando el tipo de cambio de sus actuales 660 pesos a entre 730 y 750 pesos por dólar, hecho que haría competitivo a otros sectores menos productivos que la minería. Para ello bastaría, se afirma, con que el Banco Central bajara la tasa, actualmente en 3,5 por ciento, reduciendo el estímulo para inversionistas foráneos que ingresan dólares al país para aprovechar el diferencial de tasa con los países desarrollados (cerca de 0 por ciento).

El BC ha dicho, sin embargo, que la tasa se mantendrá en su actual nivel al menos un par de años, hasta que la inflación interna (a agosto en 3,4 por ciento anual) muestre una convergencia clara hacia el medio de la banda (3 por ciento). El temor del BC es “importar” inflación mediante un dólar más alto, que encarece los productos importados, en un país cuyo componente de consumo externo es fuerte.

Hay, además, otro factor político relevante, pues un tipo de cambio alto reduce el consumo de bienes importados y, aunque tiende a aumentar el de los no transables (productos nacionales), la canasta de los sectores medios emergentes tiene alto componente importado (línea blanca, electrodomésticos, electrónicos, ropa, automóviles).

Un alza del tipo de cambio, si bien mejoraría la competitividad de nuevos segmentos de la industria nacional -estimulando creación de empleos-, lo haría también respecto del gran sector exportador en su conjunto (minería, forestación, pesca, fruticultura), pero este ya ha mejorado su productividad y durante el primer semestre de este año ya consiguió generar ganancias vía ajuste en empleos y uso de tecnologías, a pesar de la caída de actividad y precios mundial.

Un dólar más caro afectaría internamente el nivel de consumo presente de las capas medias que, no obstante, ya están suficientemente indignadas con la administración política del Presupuesto Nacional, y están exigiendo cambios en las estrategias educacional, de salud y previsional, así como en las prioridades de gasto e inversión social, poniendo en jaque a un Gobierno que no cuenta con los suficientes recursos para asumir el conjunto de desafíos planteados.

Así y todo, como la economía es una ciencia social falible, cuyos yerros periódicos son evidentes en sus múltiples proyecciones, según el autor de aquellas, no es descartable que, efectivamente, un tipo de cambio más alto no genere un mayor IPC (inflación de precios que también reduce el ingreso de las personas), considerando la actual contracción de demanda frente al alza del desempleo, al tiempo que una tasa de interés baja, si bien desestimula el ahorro, pudiera incitar la materialización de proyectos que se harían más viables, generando más actividad y empleo.

Si así fuera, un tipo de cambio más alto mejoraría las condiciones de rentabilidad, tanto para las grandes exportadoras, como para otras actividades que quedaron fuera del comercio exterior por la caída del tipo de cambio, pudiendo volver a exportar, aunque, por cierto, en un entorno internacional ralentizado, duro y competitivo, que no asegura que tal salida sea exitosa.

Es decir, no hay soluciones mágicas ni “balas de plata” que maten al hombre lobo de la desconfianza, que no sean continuar trabajando por mayor productividad, la que se consigue con un trabajo conjunto público-privado, donde lo público aporte eliminando papeleos, burocracia y reduciendo costos estaduales de emprender, y lo privado, mejorando la productividad de las empresas a través de capacitación e inversión en tecnologías modernas y eficientes. Para todo aquello, empero, el problema sigue siendo ese autocompasivo, blandengue y plañidero actual estado de ánimo social.