Este martes se desarrolló el seminario internacional “Sistema de pensiones: Experiencias y Desafíos en Iberoamérica”, organizado por el Ministerio de Trabajo y la Subsecretaria de Pensiones junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una instancia donde se conocieron las reformas implementadas por los gobiernos de la región, reconociendo los principios contemplados en el Convenio 102 de la OIT, que hasta ahora Chile no ha ratificado.

Según detalló el representante del organismo internacional para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranau, no es posible promover un único sistema previsional sino sugerir condiciones que garanticen un modelo de seguridad social y que cada Estado lo defina como un derecho.

Por lo mismo, insistió que, más allá de los avances que ha realizado Chile respecto a la cobertura del sistema, es necesario enfocarse en la estructuración del componente contributivo obligatorio conocido como el “segundo pilar”.

“Parte de las bajas tasas de reemplazo que tiene Chile es que el sistema, en su componente contributivo, tiene una fuente de financiamiento muy bajo si se compara con países de iguales ingresos per cápita (…) Hay que entender que se necesita un pacto social para aumentar el financiamiento del sistema”, aclaró Fabio Bertranau.

Para el líder del programa para sectores sociales de Argentina, Paraguay y Uruguay del Banco Mundial, Rafael Rofman, ha habido muchos debates “circulares” o de coyuntura que evitan concentrarse en un proyecto previsional de largo plazo como el caso de Uruguay que tiene previsto un modelo hasta 2025-2030.

En el caso de Chile, el debate ya no estaría concentrado en cobertura sino en su adecuación. Es decir, en el aumento del monto de las pensiones, y luego pasaría a una etapa de sostenibilidad donde se evalúa la proyección del modelo propuesto, según precisó el economista. “Muchos de las reformas que se implementaron durante los 80 o 90 del siglo pasado se enfocaron en mejorar las finanzas de los sistemas inevitablemente a costa de reducir la cobertura de las previsiones. Ahora el punto es como encontrar nuevamente los equilibrios”, recalcó.

Dos de los casos destacados de la región fueron el de Costa Rica y Uruguay. Ambos países han implementado un sistema previsional mixto luego de varias reformas implementadas por sus respectivos gobiernos.

En el caso de Uruguay, su ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señaló que la cobertura alcanza el 95 por ciento de las personas mayores de 65 años que reciben un mínimo de 300 dólares, es decir, cerca de 210 mil pesos chilenos. Además, explicó que todos los años las pensiones se reajustan de acuerdo a las negociaciones del sector público.

La tendencia de los sistemas de pensiones en el mundo, según destacaron los expertos, se ha orientado a revertir parcial o totalmente los sistemas que introdujeron la capitalización individual como eje del modelo, como es el caso de Chile.

En cuanto a los países que cuentan con sistemas mixtos se han implementado modificaciones paramétricas con el objetivo de reducir el gasto en pensiones de acuerdo a los cambios demográficos de cada país, por ejemplo el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años.

Todos estos ajustes deberían responder a un sistema equilibrado que represente a cada uno de los actores implicados pero sobre todo que garantice la seguridad social como un derecho de los ciudadanos.

“No ratificar la norma internacional refleja la presión de las AFP”

El vocero del movimiento No más AFP, Luis Mesina, quien también participó del seminario internacional sobre pensiones organizado por el Ministerio del Trabajo, señaló que Chile no ha suscrito el Convenio 102 porque supone un financiamiento determinado por trabajadores y empleadores donde estos últimos deben aportar al menos el 50 por ciento de las cotizaciones.

A su juicio, esto refleja la presión que han ejercido los directivos de las AFP para evitar modificaciones al sistema. “Los gobiernos han sido indolentes respecto a este drama y no han querido cuestionar los principios de este sistema”, subrayó.

Además, el representante dijo que es necesario abrir un debate filosófico sobre los principios que sustentan al actual sistema previsional.

En ese sentido, destacó que no son partidarios de un sistema mixto sino más bien de la contribución individual de cada trabajador, sin embargo actualmente estarían las condiciones para derivar el actual modelo a un sistema de reparto.

Mesina insistió en que no se trata de ser “estatistas” porque más de 65 por ciento de las pensiones se realizan con cargo al erario nacional , por lo mismo se necesita un órgano de derecho público regulado como el Banco Central encargado de un nuevo sistema general de pensiones.