Los actores sociales de la Educación Púbica criticaron la orientación que ha tomado el debate sobre el proyecto de desmunicipalización en el Senado. Esto, considerando las indicaciones presentadas por el presidente de la comisión de Educación, el senador democratacristiano Ignacio Walker y del socialista Fulvio Rossi, quienes han expresado que el proyecto favorecería el “estatismo” y atentaría contra la libertad de los establecimientos.

Además, ambos parlamentarios plantearon que los Servicios Locales de Educación (SLE) deberían ser agencias de calidad o corporaciones, lo que mantendría las características de las entidades privadas que operan actualmente en diferentes municipios del país.

Para el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), José Corona, esto respondería a una estrategia para seguir privatizando el sector educativo. Por lo mismo, afirmó que representa un retroceso para el proyecto.

“Cuando escuchamos las declaraciones del senador Walker que cuestiona la sola idea de legislar del proyecto, y también del senador Rossi, que pretende transformar los servicios locales, lo consideramos lamentable y peligroso porque si bien hay cosas importantes de modificar eso no es motivo para botar todo lo que se había avanzado”, recalcó.

Mientras, la vocera de la Corporación de Padres y Apoderados (Corpade), Dafne Concha, cuestionó que sean parlamentarios de la propia coalición de gobierno quienes ingreses indicaciones afines al sector privado.

“Es vergonzoso que tengamos senadores del sector de Gobierno que atenten contra la democracia, porque ya habíamos llegado por lo menos a un proyecto consensuado”, indicó.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Asistentes de la Educación de Chile (Confemuch), Manuel Valenzuela, es negativo para el sistema educativo otorgar mayores atribuciones a los directores de los establecimientos como estarían planteando los parlamentarios.

“Nos preocupa mucho que planteen darle más atribuciones a los directores de colegio. Nosotros ya estamos complicados al tener a dos jefes: los sostenedores y los alcaldes. Entonces, darle más atribuciones que las definidas en la ley 20.501 es incluso aterrador porque ellos han desvinculado y han contratado a muchos asistentes de la educación sin ninguna regulación”, detalló.

Los estudiantes y trabajadores de la educación hicieron un llamado a toda la comunidad educativa a estar alerta sobre el avance de este proyecto, porque se estarían delineando ciertas estrategias que incluso podrían aplazar las votaciones tal como fueron comprometidas por el Ejecutivo.

Esta iniciativa fue despachada en julio pasado por la Cámara de Diputados y en esa instancia se aprobó una indicación que planteaba que el Ejecutivo debía modificar el sistema de financiamiento durante el primer semestre de 2017.

En ese momento la ministra de Educación Adriana Delpiano y el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés rechazaron que el Congreso ingresara esta indicación, porque sería una competencia del Ejecutivo. Una situación que podría revertirse en el Senado y que los estudiantes también han advertido.