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Año XII, 12 de agosto de 2020

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Regionalistas: Ley de renta regional es clave para la descentralización

En medio de la discusión en torno al proyecto de elección directa de intendentes, distintos actores vinculados a las regiones han expresado la necesidad de que el Gobierno envíe un proyecto de rentas regionales para otorgar mayor autonomía financiera y contrarrestar el centralismo y la desigualdad existente entre las distintas regiones.

Montserrat Rollano

  Domingo 2 de octubre 2016 18:16 hrs. 





Ha sido una promesa de campaña de la mayoría de los candidatos presidenciales desde el retorno de la democracia. La ley de rentas regionales, -que permitiría a las regiones contar con patrimonio propio y administrarlo de manera autónoma-, corresponde a un anhelo histórico de quienes viven en las distintas provincias de nuestro país.

Por esta razón, fue una de las medidas que propuso la comisión asesora sobre Descentralización, la que planteó una serie de iniciativas, muchas de ellas en discusión en el Parlamento.

Sin embargo, y a casi dos años de que la instancia entregara sus propuestas a la Presidenta de la República, aún no se ha enviado una iniciativa sobre la materia.

En ese marco, y cuando el tema de la descentralización se ha tomado la agenda pública, distintos actores han reiterado la necesidad de contar con un proyecto de ley de rentas regionales.

El presidente de la bancada de diputados regionalistas, Rodrigo González, si bien resaltó la importancia de esta medida, afirmó que una legislación de este tipo sólo se justifica en caso de que existan autoridades regionales electas, quienes decidan de qué manera administrar esos recursos.

“Vamos a tener rentas regionales si en el Senado se aprueba la elección de intendentes porque no va a haber una ley de rentas regionales si no hay aprobación de ley de elección de intendentes. La renta regional mayor se justifica si tenemos intendentes elegidos, para que esas autoridades tengan más recursos y más poder de decisión”

En tanto, el consejero regional de Malleco Gustavo Kausel apuntó a las desigualdades que se generan entre las regiones, al no existir autonomía en la administración de los recursos. Además subrayó la necesidad de que las empresas que operan en la zona, en su caso, La Araucanía, entreguen sus recursos a las regiones.

“Las diferencias entre las regiones es algo que se observa, por ejemplo en la última encuesta Casen respecto a mi región, La Araucanía, en donde están las comunas y las provincias más pobres (…) es importante descentralizar y que las empresas, las forestales en el caso de la novena región, entreguen sus recursos, como la minería tiene que hacerlo en el norte, y como los servicios tienen que hacerlo en Santiago”.

Una opinión similar es que la que tiene el alcalde de Calama, Esteban Velásquez, quien afirma lamentar los impactos que generan distintas empresas que explotan los recursos naturales de las regiones -como las madereras, salmoneras, o mineras-, las que tributan en Santiago, perpetuando las desigualdades y el centralismo.

El edil es enfático en señalar que la ley de rentas es el meollo para el desarrollo de las regiones, y que al no existir quedarían truncadas las posibilidades de un nuevo gobierno regional.

El jefe comunal indicó además que la reforma de descentralización del Gobierno “quedó coja” y subrayó la necesidad de contar con un patrimonio propio y autonomía financiera para las regiones.

“Es indigno, hace rato ya las regiones deberíamos tener un patrimonio propio, tener autonomía financiera. Es una cuestión básica, elemental, fundamental en cualquier país que pretenda ser desarrollado. Sin ir más lejos Bolivia y Perú son más descentralizados que Chile”.

El alcalde de Calama aseguró que estas reformas no se han llevado a cabo ya que los distintos gobiernos no han tenido las agallas ni la voluntad política para impulsar esos cambios.A su juicio lo que está detrás es un afán por mantener el poder, y de esta manera lograr “cuotear” los cupos políticos.

Asimismo, indicó que lo que se busca es que haya un intendente electo, pero que tenga que entregarse al poder político de Santiago para poder recibir algunos recursos, y de esta manera, ser objeto de un “chantaje financiero”.