¿Es privada la información personal en Chile? Claramente no. Cada día se hace más común que las bases de datos circulen libremente y que cada día el nombre, Rut y teléfono de cualquier persona puedan ser utilizado para diferentes fines comerciales, de marketing o incluso para estafas o robos informáticos.

Pese a que ya existe una legislación sobre protección de datos personales, promulgada a fines de la década de los 90, según un reciente informe del comité de evaluación de normativas de la Cámara de Diputados, la ley necesita con urgencia ser perfeccionada.

El integrante de dicha instancia parlamentaria, Pablo Lorenzini, presentó este miércoles el documento ante el pleno de la sala. En el escrito destacó que la nueva normativa debe contar con una autoridad administrativa de control independiente que eduque, controle, fiscalice y sancione a las entidades que manejan este tipo de información.

“Dentro de este año tendremos este proyecto de ley en tramitación parlamentaria, a ver si dentro del próximo año podamos tener claramente diseñado que datos, que información personal, pueda ser utilizada en forma pública y cual a resguardo”, precisó.

En la oportunidad el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, presente en el hemiciclo, reconoció que la actual normativa sobre protección de datos personales está obsoleta, especialmente, por el uso masivo de internet.

El secretario de Estado sostuvo que el futuro proyecto de ley tendrá que aumentar los estándares legales para que la información sea resguardada tal como lo exige la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. “Es reforzar el tratamiento de los datos personales, especialmente el tratamiento que le da el sector privado y el sector público. Cumplir con los compromisos que nos hemos dado como país en la OCDE. Este tema de datos tiene un estándar internacional bastante claro, por lo tanto nos tenemos que comparar con ellos y actualizarnos hacia mejores prácticas”, detalló.

Al respecto, el analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, manifestó su preocupación por la injerencia y el lobby de distintas instancias que ven en los datos personales el surgimiento de millonarios negocios. “El peligro es que se vuelva a replicar el proceso de la ley anterior, donde las asociaciones de marketing directo y la Cámara de Comercio de Santiago, tuvieron una importante influencia en el proceso legislativo y finalmente lograron que la ley reflejara sus intereses y no el de los ciudadanos. Por tanto, lo que nosotros queremos que esta nueva legislación tenga una aproximación de derechos humanos y no una aproximación netamente comercial”, aseveró.

El analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Viollier, agregó que la nueva normativa sobre protección de datos personales debe contemplar también el llamado Big Data, concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esas fichas.

El informe también ahonda en la necesidad de incorporar dentro del concepto de datos sensibles los referentes a menores de edad y su regulación más estricta, con un estándar de consentimiento expreso, así como sanciones más gravosas. Por último, recomienda incorporar un catálogo completo de infracciones con sus correspondientes sanciones, de una cuantía que se pueda graduar de acuerdo a la gravedad de éstas e incluir incentivos para comunicar a los titulares cuando tenga lugar alguna fuga de datos.