La sala de la Cámara de Diputados revisó el proyecto de ley que sustituye el decreto 321 sobre la “libertad condicional para los penados” creado en 1925.

Luego de escuchar las distintas posturas de los parlamentarios, el presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, informó que la votación del proyecto en general y sus indicaciones se efectuará este miércoles.

El debate estará marcado por los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Esto, considerando que la norma despachada por el Senado les permitía optar al beneficio, siempre y cuando cumplan con los dos tercios de la pena. Sin embargo, en su segundo trámite legislativo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se separaron estos incisos y se integraron como indicaciones.

Según el diputado del PPD Guillermo Ceroni, “se modificó un aspecto que en el Senado se consideró de otra manera”.

“Nosotros en la Cámara establecimos que las personas condenadas bajo la Ley 20.357, que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, no se les podrá conceder este beneficio”, dijo.

Otra de las indicaciones a la normativa dice relación con otorgar este beneficio a los condenados mayores de 75 años para que cumplan su pena en arresto domiciliario total. Esto no excluiría a los violadores de Derechos Humanos.

Por lo mismo, la norma también fue rechazada por el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Matías Walker: “Vamos a rechazar la indicación que pretende volver a presentar este punto, porque consideramos, a propósito de la libertad que se le otorgó a Iturriaga Neumann, que nadie puede ser beneficiado por este tipo de delitos”, expresó.

Mientras, el diputado y presidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, destacó los avances alcanzados por la Comisión de Libertad Condicional donde se puede reclamar a la decisión de los Tribunales respecto a los beneficios carcelarios.

El parlamentario aseguró que excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad es negarles su derecho de reinserción social. “A mi juicio, como otros han expresado su opinión, claramente veo que aquí existe una vulneración a la posibilidad que una persona se pueda rehabilitar”, reparó.

También hubo reacciones contrarias al proyecto desde la Unión Demócrata Independiente (UDI). El diputado por la región del Maule, Ignacio Urrutia, aseguró que este tipo de regulación no es más que una “herramienta que perpetúa la venganza política en el país”. Incluso, otros miembros de la colectividad no descartaron llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional de ser aprobada este miércoles.

Desde la DC, si bien rechazaron ambas indicaciones, recalcaron la necesidad de presentar un proyecto de ley paralelo que revise la situación de los condenados que padezcan enfermedades terminales.

Según el artículo dos de este proyecto, toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración podrá postular a este beneficio siempre y cuando haya cumplido la mitad de la sentencia total. Sin embargo, esta medida puede ser revocada por la Comisión de Libertad Condicional, a petición de Gendarmería, cuando la persona incumpla sus condiciones.

Para todos los casos, esta Comisión estará encargada de evaluar la gravedad del delito por el cual la persona fue condenada y las consecuencias causadas a las víctimas. En tanto, las personas condenadas a presidio perpetuo calificado podrán optar al beneficio luego de cumplidos 40 años de condena, y deberá ser concedida o revocada por el pleno de la Corte Suprema.

Este proyecto se originó a partir de una moción parlamentaria, entre ellos de los senadores Hernán Larraín y Alberto Espina, por las cuestionadas libertades condicionales concedidas a cerca de mil reos en mayo pasado, en Valparaíso, que a su juicio generarían impactos negativos para la seguridad ciudadana.