Pocos días antes de que se realizara la segunda marcha No+AFP, en el Congreso se aprobó un proyecto que otorga la posibilidad a las administradoras de invertir fondos en el sector inmobiliario. La medida ha sido cuestionada por algunos sectores que apuntan a que ésta viene a fortalecer el negocio de las AFP, en medio de la demanda ciudadana por poner fin a este desacreditado sistema.

Hace casi dos meses fue despachado del Congreso un proyecto de ley que establece una serie de medidas para impulsar la productividad. Una de ellas consiste en permitir a las Administradoras de Fondos de Pensiones, así como a las compañías de seguros, invertir sus fondos en el mercado inmobiliario y proyectos de infraestructura.

El objetivo de esta normativa sería ampliar el mercado financiero local, y en el caso de las AFP, mejorar la rentabilidad de las pensiones. Sin embargo, esta medida ha generado diferentes opiniones, sobre todo tomando en cuenta el contexto de descrédito hacia el actual modelo previsional.

Para el ex superintendente de Pensiones Álvaro Gallegos la normativa es razonable, considerando que casi la mitad de los fondos que administran las AFP son invertidos en el extranjero, los que, a su juicio, deberían ir en beneficio de la economía local.

“Se debería ampliar a otras cosas también. Se debería ampliar a inversiones en infraestructura, eso también es muy importante porque es bien paradojal que un país como el nuestro que está en camino al desarrollo, tenga el 40 por ciento de sus fondos de pensiones invertidos en el exterior. Estamos exportando ahorro. Lo lógico sería que ese ahorro estuviera invertido en nuestra economía”.

Una visión distinta es la que tiene el diputado del PC Guillermo Teillier, quien calificó el proyecto como “controversial”. Esto ya que por un lado favorecería la economía de nuestro país, aunque por otro fortalecería a las administradoras, algo que es rechazado por el parlamentario.

“A la luz de todos los acontecimientos, del sentimiento popular, yo creo que ese proyecto es bastante controversial porque, por una parte, permite invertir fondos de pensiones en proyectos de infraestructura en Chile, lo que es un largo anhelo (…) sin embargo, eso aparece como fortaleciendo las AFP y la verdad es que nosotros no quisiéramos que hubiera ningún acto que fortalezca las AFP como tal”.

Más categórica fue la vocera de la Coordinadora No + AFP, Carolina Espinoza, quien indicó que con este proyecto el Gobierno ha demostrado su incapacidad para escuchar la demanda ciudadana en contra del actual modelo de pensiones.

La dirigenta lamentó que en lugar de establecer mayores regulaciones o limitaciones al negocio de las administradoras, el Ejecutivo ha hecho todo lo contrario, es decir, otorgarle más herramientas para que estas lucren con los fondos de todos los trabajadores.

“Este proyecto, que en términos simples lo que hace es permitirles mayor capacidad de inversión y, por tanto, mayor capacidad de riesgo de nuestros dineros a las administradores de pensiones, lo que viene a hacer es demostrar que el Gobierno es sordo a nuestras demandas. Claramente nosotros le estamos diciendo al Gobierno que proteja las pensiones de sus ciudadanos y el Gobierno en vez de retener y parar el lucro inmoral que hoy tienen las AFP, lo que está haciendo con este proyecto de ley es seguir en el camino de privatizar, de precarizar y de entregarle mayores herramientas a las administradoras”.

Carolina Espinoza recalcó que con iniciativas como esta, el Gobierno demuestra que representa los intereses de los empresarios y los dueños de las administradoras de fondos, fomentando el lucro de estas entidades.

La dirigenta apuntó que tanto el Ejecutivo como el Gobierno pretenden poner “un parche” a la demanda por cambios al sistema, para que finalmente nada cambie.

El proyecto fue aprobado con  82 votos a favor y seis abstenciones, luego de lo cual, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que la medida “va a permitir mejorar las pensiones en el mediano plazo”.