Hace un año se abrió la arista penal del Caso Colusión del Papel Higiénico y luego de no autorizarse el acceso a información secreta para la investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público resolvió no perseverar con la causa en contra de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa).
El anuncio del cierre del caso a cargo del fiscal Cristián Galdames, produjo molestia en los gremios de micros, pequeñas y medianas empresas, que representados por la directora de Unapyme, Gianina Figueroa, advirtieron que “más de 800 millones de pesos mínimo ganaron los coludidos del papel durante 10 años”.
Punto de vista no muy distinto expuso el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, quien defendió que es necesario acabar con este tipo de delito de “cuello y corbata”.
“Esta mala práctica no puede quedar impune por un tecnicismo que se aplica o por la falta de información para poder probar el delito que cometieron estos ejecutivos y empresas, aquí vamos a la acción individual en que se persigue condenar las personas instigadoras y que participaron en este delito. Ojalá el Ministerio Público pueda continuar esta acción y perseverar”.
Independiente del eventual fracaso en las sanciones penales, Calderón confía que en las acciones civiles presentadas por los consumidores contra las dos empresas involucradas, se puedan obtener indemnizaciones o compensaciones por sobre los 400 millones de dólares.
La demanda colectiva de la apertura del caso a la fecha, ha sumado más adherentes, entre ellos está la Liga Ciudadana en Defensa de los Consumidores.
El presidente de la organización Rubén Andino, adelantó que están evaluando sumarse a la causa sobre la que en su opinión, se tiene altas probabilidades de obtener resultados favorables.
“Hay que recordar que los mismos actores de estas acciones confesaron abiertamente, incluso entraron en polémica las dos empresas coludidas, entonces es muy difícil que no haya antecedentes”.
El diputado ex miembro de la comisión investigadora del mercado del Papel Tissue, Alejandro Santana, opinó que no todas las formalizaciones terminan en juicios y la Fiscalía Metropolitana Sur debió tener suficientes motivos para desistir de la indagación.
“Estoy de acuerdo con que las sanciones sean ejemplificadoras, exista desincentivo a la colusión, donde las malas prácticas tengan elementos que hagan pensar cien veces en incurrir en faltas que afectan al consumidor como el caso de esta colusión, pero creo que hoy hay una normativa legal, un procedimiento del Ministerio Público y se ha hecho a mi juicio, el análisis y la investigación correspondiente. El juicio de por qué no se termina con la investigación es materia del Ministerio Público”.
Con el término de la investigación penal, a la firma controlada por el grupo Matte se la exime de cualquier sanción, mientras que en el requerimiento ante del Tribunal de Libre Competencia, SCA arriesga una multa por más de 15 millones de dólares según la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica y ajustándose al programa de delación compensada.
Este último proceso podría concluir a inicios del 2017 con una sentencia definitiva.
