Con 83 votos a favor, siete en contra y 22 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma constitucional que modifica la figura de los intendentes.

Antes de iniciarse el proceso de votación y con la presencia del Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, los parlamentarios expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto que dispone la elección popular directa del gobernador regional y que fue acelerado en trámite por el Gobierno.

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, arremetió contra aquellos que no quieren distribuir poder a las regiones.

“Los senadores han sido exitosos en instalar el mito de que esta es una figura de cartón que no va a tener atribuciones, lo que es completamente falso. Esta elección democrática viene con una ley complementaria de traspaso de competencias que va a duplicar el presupuesto de los gobiernos regionales y va a traspasar la Corfo, Sercotec, Sernatur, Fosis, una parte del MOP, una parte del Serviu, a los gobiernos regionales”.

La mayoría de los diputados de la Nueva Mayoría dieron su visto bueno a la iniciativa. No obstante, fue la diputada independiente Alejandra Sepúlveda la que al dar su apoyo al proyecto, apuntó a las responsabilidades de los partidos políticos con la descentralización.

“Los partidos políticos tendrán una oportunidad tremenda de enfrentar una elección que tiene que ver con el desarrollo y capacidad de crecimiento de una región. No tiene que ver con las atribuciones o con las capacidades que debe tener una región para poder desarrollarse, sino que con si los partidos políticos van a tener la suficiente visión y responsabilidad de nombrar a los mejores”.

La demanda porque estén tipificadas y se aumenten las competencias de la nueva autoridad elegida, materia que se revisa en otro proyecto en el Parlamento, ha sido uno de los principales fundamentos de los opositores a las modificaciones. Parlamentarios de la UDI hablaron de “trampa legislativa” del Gobierno y de la necesidad de comenzar con la descentralización de los servicios públicos.

La diputada gremialista María José Hoffman votó en contra del proyecto y criticó que la agenda de regionalización prometida por el Ejecutivo se haya retrasado, desdibujado y reducido a un cargo simbólico que no cuenta con la capacidad técnica para desarrollar su labor.

“Aquellos que hablan de esto como una primera piedra a la centralización, olvidan la precariedad en que queda el futuro gobernador, quien verá en la práctica limitada su acción frente a la figura del delegado provincial. Digamos la verdad, aquí el intendente va a ser el que siga nombrando el Presidente de la República en los próximos gobiernos. No engañemos más a las regiones porque este proyecto se agota en la elección”.

Cabe recordar que además del nuevo órgano ejecutivo del gobierno regional, el proyecto añade los cargos de secretarios regionales y de secretarios provinciales, lo que fue este martes discutido en particular junto a otras indicaciones, con una en que se agrega a cada puesto la palabra “presidenciales”.

En el Ejecutivo han manifestado la intención de que la iniciativa de elección de gobernadores se haga efectiva a partir de la votaciones de noviembre del próximo año, sin embargo, para esos efectos hace falta que ingrese al Congreso la ley orgánica constitucional respectiva, una vez que sea aprobada la reforma constitucional.

Al respecto, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, afirmó que el proyecto retornará al Senado con carácter de suma urgencia para que se ratifiquen los cambios introducidos por los diputados.

“En marzo del 2017 se declaran las candidaturas y por tanto ese es el plazo máximo para ingresar la ley orgánica que permita la elección y la regule. Esperamos que en enero del próximo año cuando termine el periodo legislativo estén aprobadas ambas leyes: la de transferencia de competencia y ley orgánica de elección”.

De este modo, la iniciativa pasó a tercer trámite legislativo sin contar aún con la ley que determinará la manera en que el Presidente de la República podrá transferir a los gobiernos regionales sus competencias.