Según un artículo de investigación de la Revista Médica de Chile, desde principios de la década del 90, se ha pasado de 185 pacientes a más de 17 mil en la actualidad, con la mayor cantidad de pacientes en diálisis por millón de habitantes de América Latina.

La Sociedad Científica que reúne a los médicos especialistas en riñón, realizó un sondeo donde el 15 por ciento de médicos y enfermeras encuestadas que laboran en centros de diálisis, contestó que podrían tener conflictos de interés personales al momento de decidir la pertinencia del tratamiento.

La cifra se duplica cuando se pregunta por la posibilidad de estos conflictos en otros miembros del equipo, donde el beneficio económico fue el principal problema de intereses señalado.

Al respecto, el alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpín, indicó que pese a que la comuna cuenta con un centro de diálisis, aún existen algunos médicos que derivan a los pacientes a centros ubicados en otras comunas que pertenecen a los propios médicos, amigos o sus familiares.

“Criticable que se presenten este tipo de conflictos de interés, yo creo que los médicos que prestan servicios en el sector público deberían mantenerse al margen de servicios de diálisis o de cualquier otro laboratorio. Son cosas que tenemos que fiscalizar, supervisar, tanto la Contraloría como los otros estamentos de salud como la superintendencia, de tal manera que no se produzcan este tipo de situaciones”, argumentó.

En tanto, la presidenta del Consejo Regional Santiago, doctora Izkia Siches, condenó este tipo de prácticas, que aclaró, no son generalizadas, sino que corresponden a un grupo mínimo de médicos nefrólogos que tienen intereses económicos en centros de diálisis.

Indicó que se debe investigar incluso casos donde el paciente no necesariamente requiere aún el tratamiento, sin embrago, es igualmente derivado por el especialista.

“Se envía a una diálisis a un paciente que no lo requiere o se envía de una manera apresurada a la realmente indicada a pesar de que queda un poco de función del riñón. Nos parece absolutamente grave y la idea es justamente poder investigar, sacarla a la opinión pública, pero efectivamente aclarar que tuvieron esa falta, ayudado por procesos administrativos y de ser así, nosotros como colegio lo vamos a condenar”, precisó.

Según nuestro código sanitario, un médico no puede ser dueño de una óptica o de una farmacia para evitar eventuales conflictos de interés. Sin embargo nada dice sobre centros de diálisis.

En este sentido la integrante del comité de ética de la Sociedad Chilena de Nefrología, Sofía Salas, aseveró que el único camino es transparentar el proceso y que la propia persona decida dónde recibir el tratamiento.

Aseveró que esto se complica en localidades apartadas donde existe un solo centro de diálisis o en casos cuando la persona no está apta por alguna enfermedad mental degenerativa para decidir.

“Si hay pacientes que no tienen indicación de diálisis y están siendo dializados y se ha adelantado una decisión técnica que podría haber esperado más tiempo, es legítimo preguntarse si hay otros intereses, porque uno escucha que se están dializando pacientes que ni siquiera saben dónde están por un alzhéimer avanzado, que tiene una patología de base con mal pronóstico y ahí en ese contexto la diálisis en innecesaria”, detalló.

La integrante del comité de ética de la Sociedad Chilena de Nefrología, recalcó que se debe profundizar en los criterios y en la implementación de una guía clínica de procedimientos, es decir, delinear “en qué casos se debe derivar al paciente.