Establecer un mecanismo de prevención y seguimiento contra la tortura, y crear una Ley de Ejecución Penal, fueron las ideas centrales que se expusieron en el seminario “Dignidad y Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario”, convocado por el Consejo de la Sociedad Civil de Gendarmería y realizado este miércoles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En la cita, además, se revisaron diagnósticos y los desafíos en función a la reinserción social de las personas privadas de libertad y la preservación de sus derechos fundamentales, en tanto se les consideran responsabilidades compartidas entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Además, se plantearon como ideas para poder especializar al personal de la institución, quienes tienen trato directo con los internos y padecen de la obsolescencia de las normas que rigen el funcionamiento de la institución.

Dentro de las ponencias del seminario destacaron el levantamiento de una propuesta de creación un organismo que vele por el correcto levantamiento y seguimiento de denuncias de torturas y vulneraciones a los derechos humanos a los internos por parte del personal de Gendarmería.

La propuesta parte desde la crítica a la actual estructura de tramitación de dichas denuncias, cuyo conducto regular no es del todo accesible a los reclusos, quienes incluso prescinden de realizar las denuncias por temor a represalias.

El Subdirector de la ONG Leasur, Sergio Faúndez, explicó las funciones que debería tener este organismo.

“La idea de esta unidad, es que sea una unidad nueva, que se especialice solamente en la toma de denuncias, para que pueda enfocar de mejor manera el trabajo que pueda realizar la unidad de promoción y protección de derechos humanos dentro de Gendarmería. Principalmente las facultades de esta unidad que nosotros pensamos son recibir las denuncias, que en esta recepción de denuncias los funcionarios tengan una capacitación en materia de tortura, además de una sistematización de la información que se levante, un estudio de esa información y un seguimiento no sólo de la denuncia sino también de las sanciones que se puedan aplicar a funcionarios que ya han sido condenados como autores de conductas atentarorias a las garantías fundamentales”.

El abogado apuesta a que la vía posible de materialización de este sistema también depende del trabajo coordinado entre Gendarmería y el Ministerio Público.

Se trata de una necesidad que se ha visto evidenciada, por ejemplo, con el caso de Lorenza Cayuhán, la comunera mapuche que dio a luz engrillada y con presencia no deseada de un funcionario de la institución, que dio origen a su denuncia por vulneración de los derechos humanos de la mujer. Actualmente, como el caso tuvo notoriedad pública, se ha instruido un sumario interno para establecer las responsabilidades y tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Sin embargo, dicha posibilidad no es una realidad cercana para muchos presos.

Se planteó por parte de Gendarmería de Chile que ya está en desarrollo una serie de capacitaciones y orientación psicológica a gendarmes para que se especialicen en manejar situaciones donde se conozcan vejaciones a los derechos humanos. Además del establecimiento, finalmente, de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como otro organismo autónomo en funcionamiento y presupuesto, con facultades investigativas tendientes a preservar los derechos de los internos.

Ligado con esto, la reciente promulgación de la ley que tipifica el delito de tortura, obligará a la revisión y modificación de reglamentos por los cuales se rige Gendarmería y que deben ajustarse a la nueva norma.

Hecho que revela una necesidad urgente de atender, debido a que las normas que rigen la forma de cómo se da procedimiento al cumplimiento de penas, están dispersas en varias leyes y códigos de distinta data, que a la postre , lo cual devela una obsolescencia en la manera cómo debe funcionar la institución como tal y con los reclusos. Actualmente, dicho conjunto de normas se bajan a un mero reglamento que ordena las funciones y atribuciones de los gendarmes.

Es por ello que se planteó en las distintas posturas la implementación de una Ley de Ejecución Penal que ordene y sistematice estas normas, con el fin de modernizar el servicio que presta Gendarmería, en beneficio de la rehabilitación de los internos y la mejoría de las condiciones laborales de los mismos gendarmes, haciéndose cargo de las carencias que presenta el servicio para con sus trabajadores.

A esto hizo referencia el presidente del Consejo de la Sociedad Civil e investigador del Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Castro.

“Aquí hay que modernizar, hay que establecer una ley de sanciones penales que no solamente unifique en una sola ley todos los temas vinculados con la ejecución, sino que además incorpore las nuevas lógicas, como es por ejemplo lo que dice relación con la tortura. Entonces, el objetivo de fondo de la institución es modernizar sus normas, establecer una ley de ejecución donde se establezca un conjunto de principios y un solo criterio en torno a esta actividad. Ese es el desafío de fondo”.

El académico agregó que la institucionalidad de Gendarmería y el Poder Judicial está al debe, y que es necesario reformular un modo de funcionar que data, incluso, del siglo XIX. Explicó que la estructura normativa actual queda a la merced de las autoridades de turno que puede modificar los reglamentos que rigen específicamente el actuar de Gendarmería.

“Estamos en las manos de las manos de las autoridades administrativas, estamos en las manos de las autoridades de turno, y en temas tan relevantes como los derechos fundamentales eso es impresentable. Hay que abogar por una ley, ese es el esfuerzo, estamos atrasados por más de 50 años. Es una vergüenza y hay que decirlo con todas sus palabras”, indicó de forma crítica frente a las posturas que plantean actuar proyectándose con la estructura actual.

Entre otros temas tratados se abordó la vinculación de los recintos penitenciarios con su entorno, la participación ciudadana en dicha relación y el cumplimiento de penas con servicios a la comunidad por parte de presos con penas menores.