Como violenta calificó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, la decisión de la Corte Suprema de entregar la libertad condicional al coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt, condenado a presidio perpetuo en el marco del Caso Degollados.

La dirigenta indicó que la determinación transgrede el derecho internacional en materia de derechos humanos al tratarse de delitos de lesa humanidad que no pueden recibir beneficios carcelarios.

“Porque no estamos hablando solamente de un crimen. Hay que recordar que González Betancourt tiene que ver con varios crímenes. Pero cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando del proceso en el que se le dan estos beneficios que contravienen los convenios internacionales, hablamos de que ellos secuestraron a tres personas, los torturaron y después los botan como basura vivos y los degüellan”, recordó la dirigenta.

Alicia Lira sostuvo que esta política se vio alentada luego de los dichos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien se mostró abierto a precisamente entregar beneficios a quienes cometieron delitos graves contra los derechos humanos durante el régimen que encabezó Augusto Pinochet.

Para la dirigenta, los dichos del magistrado fueron la apertura para liberar a estos condenados. “Esto que hizo el presidente de la Corte Suprema, deja la puerta abierta al avalar que –los criminales- no necesitan arrepentimiento sino que ellos tienen derechos humanos. Nosotros jamás hemos negado los derechos humanos de ellos, solamente hemos exigido que cumplan con las condenas, a pesar que las condenas no tienen nada que ver con la gravedad de los crímenes cometidos y así y todo les dan beneficios carcelarios”, criticó la presidenta de la AFEP.

Alicia Lira estimó que la decisión de la Corte Suprema afecta la imagen del país, puesto que se pasa por encima del derecho internacional al dejar libre a uno de los principales involucrados en los crímenes contra los tres profesionales comunistas, hecho ocurrido en marzo de 1985.

“Lamentablemente Chile queda muy mal porque hay que recordar el 2006 cuando condenan al Estado chileno por denegación de justicia, por mantener el decreto ley de amnistía, una ley que es oprobiosa en un Estado democrático, es impresentable para el Poder Judicial, el mismo Poder Judicial que durante 17 años fue cómplice de los crímenes del terrorismo de Estado” que implementó la dictadura militar.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos emplazó finalmente a los tribunales a no continuar por el camino de otorgar beneficios a violadores de los derechos humanos, situación que por una parte violenta a los deudos de miles de asesinados, pero también porque deja en mal pie al Estado ante la comunidad internacional.