Nuevos antecedentes se suman a la aguda crisis por la que atraviesa el Servicio Nacional de Menores. Sumado a la red de explotación sexual infantil conocida la semana pasada y a la información en torno a las circunstancias de la muerte de la menor Lissette Villa, este lunes se dio a conocer que 11 funcionarios de la institución destituidos en febrero por maltrato a niños siguen en sus funciones.

Antecedentes que se conocen en medio de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, a través del persecutor Marcos Emilfork, quien este lunes presentó la petición de formalización en contra de cinco personas por la muerte de la menor de 11 años que falleció en abril pasado.

Una acción que según aseguró el fiscal se realizará por el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte. Además, el persecutor destacó la importancia de esta investigación desde la perspectiva de la defensa de los Derechos Humanos de los niños y niñas.

“Sin duda se trata de una causa de derechos Humanos. Estamos hablando de los derechos humanos de los niños. Los niños dejaron de ser hace mucho tiempo objetos de protección por parte del Estado, para pasar a ser sujetos de derecho. Los que está haciendo la Fiscalía, simplemente es respetar y promover los derechos de los niños en Chile”.

En tanto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la comisión investigadora del Sename, Ramón Farías calificó como “choqueante” y “horroroso” lo que ocurre actualmente en el servicio.

Además, enfatizó que esto comprueba lo que él ya ha señalado anteriormente en torno a la necesidad de capacitación y especialización de los funcionarios del servicio.

El parlamentario también hizo mención a las eventuales responsabilidades políticas en estos hechos, apuntando a la dirección del CREAD y a la ex directora, Marcela Labraña.

“Yo quiero saber qué sabía la dirección nacional en ese momento, qué sabía Marcela Labraña, porque ella hizo una declaración muy compleja, que la niñita había muerto de pena, luego dijo que se había equivocado, pero también lo que ella dice, no se condice para nada con esa realidad, entonces la pregunta es, qué ocurre con la línea de mando en ese sentido”.

Desde los funcionarios, el dirigente de los trabajadores del Sename de la región de O’Higgins, Patricio Pino manifestó que “es doloroso tener que reconocer que tanto en el servicio, como algunos dirigentes son responsables de encubrir a funcionarios vulneradores de los derechos de los jóvenes”.

Especificó además que, hay gente que entra por gestión de los partidos políticos a ocupar puestos en los que no poseen las competencias ni las capacidades técnicas para ejercer su cargo.

En relación a la falta de capacitación de los funcionarios, el sicólogo de profesión, si bien compartió esta mirada, aseguró que además de esto, hay un problema de “mala selección” en donde funcionarios no comparten principios básicos de la institución.

No hay ninguna capacitación que supere o que mejore una mala selección, por lo tanto cuando hablamos de capacitación hablamos de temas técnicos, pero no de principios, por ejemplo, hay mucho funcionario que no comparte la reinserción social de estos jóvenes (…) lo que le pasa a muchos funcionarios que son de trato directo, por ejemplo que consideran que estos jóvenes son delincuentes”.

El dirigente mencionó la existencia de amenazas al interior del servicio en contra de quienes han intentado sacar a la luz los arreglos políticos y las redes de protección en el Sename, denuncias que él viene realizando desde el año 2015.

Además declara que existen dirigentes que defienden la “política del terror” al interior de los centros. Ejemplo de ello, señala, es el caso del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales (ANFUR) quien salió en defensa de los 11 trabajadores cuestionados.