El Gobierno decidió quitarle impulso al trámite legislativo del proyecto de Reforma al Código de Aguas que estaba con suma urgencia y que ahora se revisa en el Senado, lo que podría dilatar su discusión, más aún cuando se prevé que la iniciativa se analice hasta por cuatro comisiones en esta instancia: la Comisión Especial de Recursos Hídricos y Desertificación, la de Agricultura, la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y Hacienda.

No obstante, el senador Jorge Pizarro perteneciente a la Comisión Especial de Recursos Hídricos y Desertificación, se muestra optimista de que se puedan cumplir los tiempos de diligencia del proyecto en el Congreso dentro del periodo que resta de Gobierno.

“Las dudas que tienen los agricultores, principalmente los regantes, respecto de la estabilidad de la propiedad de sus derechos de agua, es lo que ha estado más en discusión. Pero la Reforma al Código de Aguas es mucho más que eso, y sabemos que tenemos una discusión importante con diálogos que debemos desarrollar con todos los actores para tomar las mejores decisiones. Me imagino que es un proyecto complejo pero que igual podremos aprobar en un lapsus de 5 a 6 meses”.

Distinto punto de vista expuso la senadora PPD Adriana Muñoz, quien especificó que el debate del proyecto se enmarca en presiones de actores del sector minero, grandes agricultores, algunas sanitarias y otros, que se resisten a que cambie el sistema de privilegios en la forma de entrega del recurso hídrico.

La parlamentaria advirtió que el poder despachar la reforma en el año que le queda al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dependerá de las urgencias que se le den y que las autoridades sean inmunes a las presiones que seguro habrá desde sectores empresariales y algunos de la Nueva Mayoría.

“Como viene de la Cámara de Diputados me parece un muy buen proyecto y esperamos trabajar en esa línea, mantener esas disposiciones, por cierto abrirnos a debate pero no flexibilizar lo esencial del proyecto. Tengo bastante temor porque en el Senado se pulverizó la Reforma Laboral y con este tema que le hace mucho sentido a la derecha y grandes sectores económicos, creo que va a suceder lo mismo”.

En tanto, el coordinador legislativo de la Fundación Ciudadano Inteligente, Octavio del Fávero, sostuvo que en el análisis que realiza cada año la entidad a la que pertenece y las conclusiones que se presentará en marzo del 2017, el Código de Aguas figura dentro de una serie de promesas del Ejecutivo que han quedado a mitad de camino a pesar que se ha dado el punta pie inicial a la tramitación.

“Nosotros hemos medido hasta el segundo aniversario de Gobierno, marzo de 2016, donde todavía estaba en su primer trámite. Por lo tanto, el que no cuente con urgencia para este segundo trámite, hace difícil que se pueda despachar. Hay que  tener en cuenta además, que estuvo casi tres años en la Cámara de Diputados solamente dentro de este Gobierno, porque es un proyecto que viene de más atrás respecto del que la actual administración presentó una indicación sustitutiva modificándolo sustancialmente para integrar los aspectos que se tenían contemplados en el programa”.

El retiro de la urgencia por parte del Gobierno se debería a la necesidad de priorizar iniciativas en los últimos meses de mandato. A esto se añade que para la Reforma al Código de Aguas se presume un gasto por sobre los 2 mil 700 millones de dólares para un periodo de once años, inversión que también debe ser analizada, lo que en Hacienda no tomaría menos de seis meses.