Este 25 de enero, cinco personas serán formalizadas por apremios ilegítimos en el caso de Lissette Villa, niña de 11 años muerta en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CEAD) de Galvarino. En la acción, la fiscalía deberá demostrar la participación directa de los funcionarios en el deceso de la niña.

Para lograrlo, Marcos Emilfork, fiscal regional de Los Lagos, deberá aludir al delito tipificado en el Artículo 150 A, el cual sanciona los tormentos y apremios ilegítimos por parte de funcionarios públicos, hecho inédito –hasta ahora- en la justicia local.

Así, la directora del CEAD de Galvarino, dos educadoras de párvulo y dos personas más enfrentarán las pruebas del Ministerio Público que, luego del informe entregado por el Servicio Médico Legal, confirmó que la muerte de Lissette Villa fue producto de asfixia, luego de una maniobra de contención mal ejecutada.

El fiscal a cargo cuenta con el testimonio de una de las compañeras de Lissette, quien relató que una de las educadoras se sentó sobre la caja toráxica de la niña para contener un ataque de llanto, lo que finalmente le provocó la muerte; también podrá utilizar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, niña y adolescente, tratado internacional firmado por Chile en 1990 y que obliga a los estados a “velas porque ningún niño sea sometido” a torturas, penas crueles o degradantes.